La investigación por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA ingresó en una nueva etapa judicial luego de que la Cámara Federal recibiera el expediente para revisar la decisión que excluyó a un grupo de damnificados como querellantes en la causa.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi concedió las apelaciones presentadas por los denunciantes, quienes cuestionan haber sido apartados del proceso y sostienen que existen elementos suficientes para considerar que fueron víctimas de una maniobra fraudulenta.

Entre quienes recurrieron la resolución se encuentran un inversor particular y un grupo de damnificados representados por distintos abogados, quienes afirman que la decisión judicial adelantó una postura sobre el fondo del expediente y dejó de lado pruebas que consideran relevantes para la investigación.

Los apelantes rechazan la interpretación de que el caso se limite a una inversión de alto riesgo propia de una “memecoin”. Según sostienen, el desplome del activo digital habría respondido a una maniobra planificada y no únicamente a la volatilidad habitual del mercado de criptomonedas.

En sus presentaciones también señalaron que existieron operaciones realizadas antes de la difusión pública del proyecto y que posteriormente se habrían retirado importantes sumas de dinero, circunstancias que consideran indicios de una presunta estafa.

Ahora será la Sala I de la Cámara Federal la encargada de resolver si revoca la decisión del juez de primera instancia y permite que los damnificados vuelvan a participar como querellantes en el expediente, lo que les daría un rol activo en el impulso de la investigación.

La definición no se espera en lo inmediato debido al inicio de la feria judicial, que suspenderá la actividad ordinaria de los tribunales durante dos semanas.

La causa también se desarrolla en un contexto de cambios en la integración de la Cámara Federal, ya que algunos de sus magistrados atraviesan procesos vinculados a su continuidad o designación definitiva en el tribunal. Mientras tanto, la resolución sobre la participación de las presuntas víctimas será uno de los próximos pasos clave para el futuro de la investigación del denominado caso $LIBRA.