La decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis continúa generando rechazo entre entidades rurales y organismos vinculados a la sanidad animal. Las críticas apuntan a que los cambios podrían afectar un sistema que durante décadas permitió sostener el estatus sanitario del país.

La controversia surgió tras la publicación de la Resolución 201/2026, que introduce una flexibilización en el mecanismo de vacunación. Diversas organizaciones consideran que la medida genera incertidumbre sobre el futuro de las campañas sanitarias y sobre quién garantizará el cumplimiento de los controles en todo el territorio nacional.

En la provincia de Buenos Aires, un conjunto de entidades rurales manifestó públicamente su oposición a la iniciativa, al advertir que el nuevo esquema podría debilitar un modelo reconocido por su eficacia y por haber contribuido a mantener a la Argentina libre de circulación viral de fiebre aftosa durante más de quince años.

En La Pampa, la preocupación ya había sido expresada meses atrás por la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), integrada por representantes del Gobierno provincial, las fundaciones sanitarias, el INTA, el Colegio Médico Veterinario, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam y las principales entidades agropecuarias.

Durante una reunión extraordinaria realizada en marzo, el organismo analizó el alcance de la normativa nacional y advirtió sobre los posibles inconvenientes que podrían surgir en aspectos como la logística de las campañas, el mantenimiento de la cadena de frío, los mecanismos de control, la asignación de responsabilidades sanitarias y la continuidad del trabajo que desarrollan las fundaciones encargadas de ejecutar la vacunación.

Desde la Coprosa también remarcaron que el sistema vigente fue construido a lo largo de más de 25 años mediante el esfuerzo conjunto del Estado, los productores y las instituciones sanitarias, por lo que consideraron que cualquier modificación debería resguardar esa estructura y evitar poner en riesgo los logros alcanzados en materia de sanidad animal.

En ese marco, las autoridades provinciales reiteraron la necesidad de que las decisiones nacionales contemplen las particularidades de las distintas regiones productivas y preserven un esquema que ha permitido consolidar el reconocimiento sanitario de la ganadería argentina a nivel internacional.