El Gobierno nacional presentó un anteproyecto de ley de desregulación económica que impulsa una amplia reforma del marco normativo vigente y que, entre otros puntos, plantea modificar el sistema que regula los planes de ahorro para la compra de vehículos. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y deberá ser debatida en el Congreso.
La propuesta contempla cambios y derogaciones de numerosas leyes con el objetivo de reducir regulaciones estatales, promover la competencia y simplificar distintos procedimientos administrativos. El alcance del proyecto incluye áreas como los mercados de capitales, los fideicomisos, el transporte, la comercialización de medicamentos, los arrendamientos rurales y diversos aspectos del Código Civil y Comercial.
Uno de los puntos que despertó mayor preocupación está vinculado al funcionamiento de los planes de ahorro automotor. De acuerdo con el texto, se eliminaría el régimen específico que regula esta actividad desde hace décadas y los contratos pasarían a regirse únicamente por el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.
Especialistas del sector advirtieron que la modificación implicaría el fin del esquema de control previo ejercido por la Inspección General de Justicia (IGJ), lo que permitiría que nuevas empresas comercialicen planes de ahorro sin el sistema de supervisión vigente hasta el momento.
Sin embargo, señalaron que la reforma contempla una cláusula transitoria para preservar los derechos de quienes ya integran planes actualmente en ejecución. En esos casos, los contratos continuarían bajo las condiciones con las que fueron aprobados al momento de su comercialización, mientras que las nuevas reglas solo alcanzarían a los planes que se lancen una vez que la eventual ley entre en vigencia.
Desde distintos sectores también expresaron reparos sobre la iniciativa al considerar que una desregulación total podría reducir los mecanismos de control y protección para los consumidores que opten por esta modalidad de compra de vehículos.
El proyecto forma parte del paquete de reformas impulsado por la administración del presidente Javier Milei para avanzar con una mayor desregulación de la economía y disminuir la intervención estatal en diferentes actividades.

