El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos, así como de quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y, según el Gobierno nacional, responde a los episodios registrados tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026, en el marco de lo que calificó como una “campaña antiargentina”.
El decreto modifica el régimen migratorio al establecer como causales de inadmisión y expulsión a los extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad. También alcanza a quienes hayan realizado, participado o promovido actos de ultraje contra los símbolos nacionales.
En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo sostiene que, si bien la Argentina mantiene una histórica política de apertura hacia los inmigrantes, el Estado tiene la facultad de fijar las condiciones de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros para proteger el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.
“Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó el presidente Milei en el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, al defender la iniciativa.
El Gobierno afirmó que el endurecimiento de la política migratoria busca preservar la convivencia, la integridad social y el respeto por la Nación y sus emblemas, al considerar que la soberanía y los símbolos patrios constituyen principios que no admiten negociación.
Como todo decreto de necesidad y urgencia, la norma deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que contará con un plazo de diez días hábiles para analizar su validez y elevar un dictamen a ambas cámaras legislativas.
Comparaciones con la Ley de Residencia
Tras conocerse el decreto, distintos sectores establecieron un paralelismo con la denominada Ley de Residencia (Ley N.º 4.144), impulsada por Miguel Cané y sancionada en 1902. Aquella norma facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar del país, sin intervención judicial previa, a extranjeros considerados “indeseables”, especialmente en un contexto de fuerte conflictividad social y crecimiento del movimiento obrero.
Si bien ambas disposiciones otorgan al Poder Ejecutivo facultades para disponer la expulsión de extranjeros, responden a marcos jurídicos e históricos diferentes. La eventual aplicación del nuevo decreto y su compatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes podría quedar sujeta al análisis del Congreso y, eventualmente, de la Justicia.