El anuncio del presidente Javier Milei sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), junto con el denominado “grillete fiscal” y otros cambios al sistema financiero, generó fuertes críticas desde la oposición política y distintos sectores de la economía, que cuestionaron el alcance y las consecuencias del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, quien sostuvo que el oficialismo vuelve a presentar reformas de gran alcance mientras, según afirmó, deja de lado problemas como la pérdida de empleo, el cierre de empresas y el deterioro de las condiciones económicas de la población.

Además, rechazó las críticas del Presidente a la reforma de la Carta Orgánica realizada en 2012 y aseguró que gran parte de los cambios anunciados ya estaban contemplados en la legislación vigente desde 1992. También cuestionó que el modelo propuesto tenga antecedentes de aplicación a nivel internacional.

El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, también expresó reparos a la iniciativa. Entre otros puntos, cuestionó la propuesta de dificultar la remoción de las autoridades de la entidad mediante mayorías especiales del Congreso y advirtió que la medida podría condicionar a futuras administraciones.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalaron que la reforma busca limitar el mandato del Banco Central exclusivamente a la preservación del valor de la moneda, a diferencia de otros bancos centrales del mundo, que también incluyen entre sus objetivos el empleo, el desarrollo económico o la estabilidad financiera.

El organismo también sostuvo que el proyecto toma como referencia el modelo del Banco Central de Reserva del Perú, aunque consideró que la propuesta argentina incorpora restricciones aún mayores, como la eliminación de determinadas herramientas de política monetaria y la incorporación de sanciones penales vinculadas a la emisión monetaria.

Otro de los aspectos cuestionados fue el denominado “grillete fiscal”, que prevé la suspensión de determinadas prestaciones del Estado cuando exista déficit fiscal y el Congreso no adopte medidas para restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. Hagman advirtió que mecanismos similares aplicados en otros países, como Estados Unidos, generaron dificultades en el funcionamiento estatal.

En la misma línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el ajuste ya está afectando la prestación de servicios públicos y responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro del funcionamiento del Estado.

Los cinco principales ejes de la reforma

Un único objetivo para el Banco Central: la entidad tendrá como misión exclusiva preservar el valor de la moneda, dejando de lado otros objetivos incorporados en reformas anteriores.

Prohibición de financiar al Estado con emisión: el Banco Central no podrá asistir financieramente al Tesoro nacional, las provincias ni los municipios, ni adquirir títulos públicos en el mercado primario.

Mayor autonomía institucional: las autoridades del BCRA mantendrán el mecanismo de designación vigente, pero su remoción requerirá mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso.

Cambios en el patrimonio del organismo: se eliminarán las Letras Intransferibles, se restringirá la distribución de utilidades y se destinarán determinados resultados contables a reservas técnicas.

Integración con un paquete económico más amplio: la reforma forma parte de un conjunto de iniciativas que incluye el “grillete fiscal” y modificaciones al mercado de capitales, con el objetivo, según el Gobierno, de consolidar el equilibrio fiscal y fortalecer el sistema financiero.

El proyecto será debatido en el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de las reformas centrales de su programa económico.