El Gobierno de La Pampa modificó el régimen de recupero de costos de las prestaciones realizadas en hospitales públicos a pacientes con cobertura privada y autorizó al Ministerio de Salud a cobrar hasta un 50% más a las empresas de medicina prepaga. La medida busca equiparar los valores con los aranceles que percibe el sistema privado de salud.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Nº 1.229, publicado en el Boletín Oficial. La única excepción alcanza a los afiliados de Sempre y PAMI, que continuarán bajo los convenios específicos ya vigentes.

El nuevo esquema comprende a obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, compañías de seguros y demás entidades que financian prestaciones de salud, las cuales deberán reintegrar al Estado provincial el costo de la atención recibida por sus afiliados en establecimientos públicos.

Cuando no existan convenios particulares, las prestaciones serán facturadas tomando como referencia el Nomenclador Sempre. No obstante, la principal modificación establece que el Ministerio de Salud podrá aplicar un adicional de hasta el 50% en los casos de pacientes afiliados a empresas de medicina prepaga.

El decreto indica que ese incremento deberá fijarse mediante una resolución fundada y respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Según el Gobierno, la medida apunta a recuperar una mayor parte de los costos que afronta el sistema público y optimizar la utilización de los recursos destinados a garantizar la atención gratuita para quienes no cuentan con cobertura médica.

Entre los fundamentos de la norma se sostiene que las empresas de medicina prepaga manejan aranceles superiores a los contemplados por el nomenclador utilizado hasta ahora, por lo que el nuevo mecanismo busca adecuar los montos que percibe la Provincia por la atención de sus afiliados.

La normativa también incorpora la obligación de que los pacientes, o sus responsables, informen mediante una declaración jurada cuál es su cobertura médica y presenten la documentación correspondiente para que el Ministerio de Salud pueda facturar las prestaciones a la entidad que corresponda.

Con este cambio, el Ejecutivo provincial busca fortalecer el recupero de los recursos invertidos en la atención de personas con cobertura privada y reducir el impacto de esos costos sobre el sistema público de salud.