La investigación judicial sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió que responda 20 preguntas vinculadas con presuntas inconsistencias en sus bienes, ingresos y gastos, una presentación que podría ser determinante para definir cómo continúa la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación se inició luego de que quedaran bajo la lupa distintos aspectos del patrimonio del exfuncionario y de su grupo familiar, entre ellos bienes, operaciones inmobiliarias, gastos y movimientos de dinero.
Diferencia entre ingresos y gastos
Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Adorni percibió 35 haberes durante el período en el que permaneció en la función pública, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta su renuncia, el 27 de junio de 2026.
Sumados los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, la Justicia contabilizó $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos registrados durante ese mismo período alcanzaron $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de $43.068.549.
A esto se agregan gastos por US$402.578,12 que, de acuerdo con el fiscal, hasta el momento no encontrarían correlato suficiente con los ingresos lícitos acreditados.
Pollicita sostuvo que los incrementos patrimoniales, adquisiciones y desembolsos reconstruidos durante la investigación “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
Las 20 preguntas
El fiscal otorgó a Adorni un plazo de 15 días para presentar documentación y explicar, entre otros puntos:
El origen de los dólares en efectivo declarados.
Los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo.
El origen del dinero utilizado para comprar un Jeep.
Los fondos destinados a adquirir el lote 380 del Country Indio Cuá.
Los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar por la remodelación de ese inmueble.
El dinero utilizado para pagar muebles del inmueble de Miró 550.
El origen de los fondos para comprar esa propiedad.
Los ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias y los bienes recibidos por herencias, legados o donaciones.
El efectivo utilizado para viajes, alquileres, expensas y gastos educativos.
La utilización de terceros para adquirir bienes y realizar pagos.
La operatoria con criptoactivos y el origen del capital utilizado para comenzar a operar.
La relación entre sus gastos, movimientos bancarios, tarjetas y billeteras virtuales y los ingresos declarados.
Una serie de comprobantes presentados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de $6 millones.
La cancelación de deudas con el Banco Galicia.
Los honorarios notariales correspondientes a operaciones inmobiliarias.
El motivo por el que personas de su entorno figuran como usuarios adicionales de sus tarjetas.
Una factura de una concesionaria por más de $4 millones que podría corresponder a un vehículo no declarado.
Los depósitos no salariales recibidos en su cuenta sueldo del Banco Nación.
La metodología utilizada para valuar las mejoras realizadas en Miró 550.
El origen y la valuación de los fondos destinados a las mejoras del lote del Country Indio Cuá.
La defensa cuenta con 15 días para responder, aunque existe la posibilidad de que solicite una prórroga para reunir la documentación requerida.
El caso vuelve así a poner bajo la lupa el patrimonio de quien fue una de las principales figuras del Gobierno nacional, mientras la Justicia intenta determinar si las diferencias detectadas pueden ser justificadas mediante ingresos y operaciones legítimas o si, por el contrario, existen elementos suficientes para avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.