La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional comenzó a generar cuestionamientos dentro del propio sector empresario, que hasta ahora aparecía entre sus principales respaldos. La Unión Industrial Argentina (UIA) y distintas cámaras comerciales advierten que algunas de las nuevas reglas terminaron dificultando las negociaciones con los sindicatos en lugar de favorecerlas.

El planteo quedó expuesto durante una reunión reservada de la UIA, donde el abogado Juan José Etala, presidente del Departamento de Política Social de la entidad, resumió la posición de varios empresarios con una frase contundente: “Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”.

El conflicto por los aportes

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el decreto 407/26, que reglamentó las disposiciones sobre aportes solidarios, cuotas y pagos extraordinarios que pueden acordarse entre empresarios y sindicatos en las negociaciones paritarias.

La norma estableció inicialmente un límite del 0,5% de la nómina salarial para los aportes destinados a cámaras empresarias y del 2% para sindicatos y obras sociales.

Posteriormente, luego de la presión sindical, el Gobierno modificó parcialmente el esquema mediante el decreto 612, firmado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sin embargo, en las cámaras empresarias consideran que las modificaciones no resolvieron el problema.

Una herramienta que empresarios y gremios utilizaban

La discusión tiene como trasfondo un mecanismo utilizado durante décadas en las paritarias: acuerdos que incluían aportes adicionales destinados tanto a organizaciones sindicales como empresarias.

Según el planteo de la UIA, esas herramientas no solamente servían para financiar determinadas estructuras, sino que también formaban parte de la dinámica de negociación entre las partes.

La eliminación o restricción de esos recursos, sostienen, terminó generando más tensión y menos margen para alcanzar acuerdos.

La situación resulta particularmente llamativa porque la reforma fue presentada por el Gobierno como una herramienta destinada a flexibilizar las relaciones laborales, reducir el poder de las estructuras sindicales y favorecer a los empleadores.

Las cámaras empresarias también analizan recurrir a la Justicia

El malestar no quedó limitado a la UIA.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también cuestionaron las medidas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, particularmente aquellas relacionadas con el financiamiento del Instituto de Capacitación (Inacap).

Ese organismo es administrado conjuntamente por las cámaras y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), y su financiamiento tradicionalmente se define en las negociaciones paritarias.

Las entidades empresarias evalúan presentar acciones de amparo contra la reforma laboral, un escenario paradójico teniendo en cuenta que algunas de esas cámaras fueron inicialmente promotoras de los cambios impulsados por el Gobierno.

Así, una reforma presentada como una herramienta para beneficiar al sector privado enfrenta ahora una situación inesperada: empresarios y sindicalistas coinciden en cuestionar algunos de sus efectos, aunque desde perspectivas y por motivos diferentes.