El Gobierno de Mendoza y la Casa Rosada quedaron en el centro de una creciente polémica por la decisión de avanzar de manera conjunta con la licitación pública nacional e internacional para privatizar el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel.
El proceso fue formalizado en julio mediante el decreto provincial 1436, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, y el DNU 667/2026 del Gobierno nacional. La convocatoria contempla la transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HINISA/HEMSA), cuando inicialmente se había planteado la venta de una participación menor.
El cambio generó cuestionamientos, especialmente por la decisión de realizar una licitación conjunta entre Mendoza y Nación sin que, según los sectores críticos, exista una aprobación específica de la Legislatura provincial.
El Grupo Neuss, en el centro de las sospechas
Uno de los principales puntos de controversia es la posible participación del Grupo Neuss, encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, a través de Edison Energía.
La empresa ya tiene presencia en el sector hidroeléctrico mendocino mediante el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (CEMPSA) y las centrales Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal.
Según los cuestionamientos difundidos, la empresa que actualmente administra Los Nihuiles habría celebrado recientemente un contrato con CEMPSA para realizar tareas de mantenimiento en las represas que serán objeto de la privatización.
Para los sectores que cuestionan el proceso, esto podría significar que una compañía vinculada a un eventual interesado en la licitación tendría acceso anticipado a información técnica relevante sobre el estado de los activos.
El Grupo Neuss también aparece vinculado a otros procesos de privatización energética impulsados durante la gestión de Javier Milei, entre ellos Transener y las represas hidroeléctricas del Comahue.
Una historia que involucra a La Pampa
Los cuestionamientos también tienen una dimensión particularmente sensible para La Pampa, debido a que el Sistema Los Nihuiles se encuentra sobre el río Atuel.
El complejo está integrado por los diques El Nihuil y Valle Grande, las presas Aisol y Tierras Blancas y las centrales Nihuil I, II y III.
La Nación transfirió el dominio del complejo a Mendoza en 1993, mediante la Ley provincial 6087. Posteriormente se constituyó HINISA y se estableció un esquema de participación privada.
La concesión de uso del río Atuel otorgada a HINISA venció el 31 de mayo de 2024 y, tras distintos cambios normativos, la empresa continuó operando de manera transitoria.
Uno de los aspectos que genera preocupación es el esquema de regalías. De acuerdo con los cuestionamientos planteados, Mendoza conservaría solamente el 6% de las regalías, mientras que otro 6% correspondería a La Pampa.
Las centrales fueron dañadas por una inundación
El proceso de privatización se produce además después de un episodio que complicó fuertemente la situación del complejo.
En enero de 2025, una crecida extraordinaria del río Atuel inundó las casas de máquinas de Nihuil II y Nihuil III y provocó daños en generadores, tableros de control y sistemas auxiliares.
La Legislatura mendocina declaró posteriormente la emergencia del sistema y permitió que HINISA continuara funcionando de manera transitoria.
Ahora existe además una disputa relacionada con las indemnizaciones de los seguros. Las estimaciones sobre el costo de reparación serían muy diferentes: algunas propuestas contemplarían una recuperación parcial, mientras que otras apuntarían a reconstruir las centrales con una inversión cercana a los 100 millones de dólares.
Los sectores críticos advierten que quien resulte adjudicatario de la privatización podría quedarse tanto con los activos como con los fondos provenientes de las pólizas y asumir posteriormente las obras de reparación.
Piden investigar el proceso
La polémica llegó a la Legislatura de Mendoza, donde se presentó un proyecto para crear una Comisión Especial Investigadora que analice el proceso de licitación y la transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina.
La iniciativa pretende revisar los actos administrativos, los pliegos de la licitación, la valuación del paquete accionario y el destino que tendrán los fondos obtenidos por la operación.
También busca determinar si la venta total de las acciones requería una nueva autorización legislativa, por qué el proceso pasó de ser exclusivamente provincial a convertirse en una licitación conjunta con Nación y cuál fue el criterio para dejar al Complejo Diamante fuera del esquema.
Mientras tanto, crecen los interrogantes sobre el verdadero alcance de la operación y sobre quién terminará quedándose con el control de un sistema estratégico para la generación eléctrica y directamente vinculado al uso del río Atuel, un recurso que desde hace décadas constituye uno de los principales puntos de conflicto entre Mendoza y La Pampa.