El juez de Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, Mauricio Pascual, hizo lugar a un Hábeas Corpus Correctivo presentado por la Defensa Pública y ordenó la clausura inmediata del pabellón 5 de la Alcaidía de la Unidad Regional II, con asiento en General Pico.

El planteo fue presentado por el defensor general Martín Saravia junto a los defensores Soledad Forte y Mauro Fernández, quienes denunciaron un cuadro de hacinamiento crítico y un importante deterioro estructural en el establecimiento.

La Defensa Pública, en representación del colectivo de personas privadas de su libertad en la Alcaidía de la UR II y de los internos Facundo Viera, Samuel Díaz, Axel Romero, Joaquín Díaz, Franco Falcón y Darío Romero, presentó un Hábeas Corpus Correctivo Colectivo por las condiciones de detención que, según señalaron, vulneran el trato digno establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hacinamiento

El viernes pasado, la Alcaidía alojaba a 76 detenidos: 47 condenados con sentencia firme y 29 procesados con prisión preventiva.

De acuerdo con el informe oficial, el establecimiento cuenta con 39 tarimas o camas de concreto habilitadas en sus cinco pabellones activos, lo que representa un déficit de 37 camas. Si bien en 2024 comenzaron obras de refacción que permitirían ampliar en diez las plazas de detención, los trabajos todavía no fueron inaugurados y tampoco alcanzarían para resolver el déficit actual.

El relevamiento presentado por la defensa describió un escenario de “hacinamiento crítico”, con casos en los que un detenido comparte una celda de aislamiento individual con otros cuatro internos.

También fueron denunciadas filtraciones masivas de agua en los techos durante los días de lluvia, falta de ventilación, ausencia de luz natural indirecta y falta de calefacción. A esto se suma que el suministro de agua corriente es interrumpido por completo durante la noche.

La defensa señaló además que algunos internos duermen sobre el piso de cemento, utilizando colchones viejos ante la falta de camas. En cuanto a los sanitarios, describió una tubería expuesta por donde circulan las cloacas, con emanación de gases.

También se denunció la falta de elementos básicos de higiene, como papel higiénico y jabón, y que los detenidos permanecen encerrados durante casi todo el día, con acceso al patio apenas tres veces por semana.

A su vez, se indicó que no se proveen sábanas ni mantas y que algunos internos deben dormir sobre pisos mojados de cemento, en condiciones de insalubridad por desbordes de materia fecal y presencia de ratas. La presentación también cuestionó las condiciones de alimentación y atención médica.

Ante esta situación, la Defensa Pública solicitó la clausura inmediata del pabellón 5 y la reubicación de las personas allí alojadas en sectores que cuenten con camas individuales, luz natural, ventilación cruzada y sanitarios que garanticen privacidad e higiene.

Clausura

El juez Mauricio Pascual hizo lugar al pedido al considerar que la medida se encontraba fundada tanto en los hechos como jurídicamente.

De esta manera, ordenó la clausura del pabellón 5 y la reubicación de las personas alojadas allí en otro establecimiento de detención de General Pico que cuente con camas individuales, luz natural, ventilación cruzada y sanitarios adecuados.

Además, intimó al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia a subsanar el déficit de camas mediante la provisión inmediata de camas, colchones y sábanas para los detenidos, bajo apercibimiento de disponer la clausura total del establecimiento.

El magistrado también estableció que, si las condiciones edilicias están dadas y las obras del nuevo pabellón se encuentran finalizadas, deberá concretarse el traslado de los condenados a esas instalaciones.

Entre las medidas ordenadas también figura la reparación inmediata de las redes sanitarias, la desinfección de plagas y el restablecimiento ininterrumpido del suministro de agua potable durante la noche.

Por último, Pascual intimó al Ministerio de Seguridad y Justicia a elaborar, en un plazo de 30 días, un plan de separación por categorías de los detenidos y dispuso el traslado de los 47 condenados alojados en la Alcaidía de la UR II a establecimientos específicos para la ejecución de sus penas.

“No las inauguran”

La defensora Soledad Forte sostuvo que “el Gobierno provincial viola los derechos humanos” y cuestionó la permanencia de personas condenadas en las alcaidías.

Forte explicó que las alcaidías están destinadas a personas procesadas, mientras que el Servicio Penitenciario Federal debe alojar a quienes cumplen penas mayores a tres años. En ese sentido, señaló que la Provincia construyó plazas para condenados pampeanos, pero que esas instalaciones no son utilizadas.

La abogada también recordó que en 2023 la Provincia licitó la refacción y ampliación de la Alcaidía de General Pico. Según indicó, las obras demandaron dos años y ya están terminadas, pero “por alguna cuestión administrativa no se inauguraron”.

Además, señaló que existen numerosos condenados con penas menores a tres años, en su mayoría por causas vinculadas con violencia de género, y cuestionó la falta de espacios destinados a la reinserción de esas personas.