El Gobierno nacional habría convocado para el próximo jueves a las empresas constructoras pampeanas que habían sido adjudicatarias de las obras del Procrear, con el objetivo de avanzar en la rescisión de los contratos. La convocatoria fue confirmada por fuentes del Gobierno provincial.

Las firmas involucradas son Bepha Construcciones SA, ECOP Construcciones SRL, IACO Construcciones SA e ILKA Construcciones SA.

Las obras comenzaron a ejecutarse en 2023, durante el último año de la gestión del Frente de Todos, en tres localidades de la provincia: Toay, con 270 viviendas; General Pico, con 198; y Santa Rosa, con 168. En total, se trata de 636 unidades habitacionales.

En diciembre de ese año, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, los trabajos fueron paralizados junto con otras obras financiadas por el Estado nacional en distintos puntos del país.

Deuda millonaria

Los contratos quedaron paralizados y las empresas iniciaron reclamos por certificados de obra impagos. El monto total que las constructoras reclaman al Gobierno nacional se estima entre $24.000 y $30.000 millones.

La cifra, que originalmente equivalía a unos 10 millones de dólares en certificados pendientes de pago, contempla los trabajos efectivamente realizados, los materiales acopiados y la actualización de los certificados de obra que quedaron impagos tras la interrupción de los proyectos.

El objetivo de las autoridades nacionales sería evitar que las empresas avancen con una demanda millonaria contra el Estado.

En paralelo, el Gobierno de La Pampa gestiona el traspaso de los tres complejos habitacionales a la órbita provincial, con la intención de retomar las obras y posteriormente adjudicar las viviendas a familias de la provincia. Si bien Nación habría asumido el compromiso de ceder los desarrollos, hasta el momento no hubo mayores avances en la concreción del traspaso.

Sin cargo

Hace un mes, el gobernador Sergio Ziliotto mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien le informó que el Ejecutivo nacional había aceptado transferir los desarrollos habitacionales.

Sin embargo, el mandatario pampeano aclaró que todavía restaba definir los términos del convenio y sostuvo que la posición de la Provincia se mantenía sin cambios: que los complejos fueran transferidos sin cargo y que su valor fuera descontado de la deuda que Nación mantiene con La Pampa.

“Es una obra necesaria, va a generar trabajo mientras se termina de construir y dignidad cuando se entreguen las viviendas”, había señalado Ziliotto en aquella oportunidad.