La Universidad de Buenos Aires realizó este martes una jornada de clases públicas y actividades abiertas en Plaza de Mayo para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de las decisiones judiciales vinculadas con la actualización de salarios y becas.
La protesta se desarrolló durante toda la jornada, con la participación de los 13 decanos de las facultades de la UBA, quienes ofrecieron clases magistrales abiertas al público. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) había convocado a concentrarse desde las 11, en el marco de una jornada nacional de lucha del sistema universitario.
Además de las clases, se brindaron servicios gratuitos para la comunidad en distintas áreas. Hubo atención odontológica, óptica, veterinaria y clínica médica, junto con asesoramiento jurídico y contable y espacios de orientación psicológica.
La universidad también expuso proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico. Entre ellos se presentó un automóvil de competición diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la UBA.
Desde el sector universitario señalaron que las actividades tuvieron como objetivo mostrar el impacto que tiene el financiamiento de las universidades en ámbitos como la salud pública, la investigación científica y la formación profesional.
Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), sostuvo que existe una ley vigente que debe ser aplicada y reclamó una recomposición salarial del 33,4% y la actualización de las becas estudiantiles.
El reclamo se produce cuando está próximo a cumplirse un año de la sanción de la Ley 27.795. Los gremios docentes sostienen que el Gobierno de Javier Milei continúa sin aplicar la totalidad de sus disposiciones y cuestionan también el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en el marco del conflicto.
El conflicto judicial
El origen de la disputa se encuentra en el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo estableció que la aplicación de la ley quedaría supeditada a la determinación de las fuentes de financiamiento. La medida derivó en presentaciones judiciales realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales.
En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar relacionada con los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen mecanismos para la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de las becas.
Luego, el 1° de septiembre, el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley.
Los fondos contemplados están destinados al funcionamiento de las universidades, salarios, becas estudiantiles e investigación. En su resolución, el magistrado estimó que el impacto fiscal de la aplicación de la normativa representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
Desde la AGD-UBA cuestionaron la respuesta del Gobierno ante la intimación judicial y sostuvieron que los aumentos otorgados y un acta firmada el 10 de junio no alcanzan para considerar cumplida la ley.
Los gremios universitarios advirtieron además que, si el Gobierno no aplica la normativa antes de la primera semana de octubre, convocarán a una quinta Marcha Federal Universitaria.