El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una medida provisoria que prohíbe en todo el país la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las llamadas “bets”, tanto para apuestas deportivas como para juegos de casino online.
La disposición alcanza a las plataformas que operan en medios físicos y virtuales, incluidas aquellas autorizadas por los estados y el Distrito Federal. La medida fue publicada oficialmente y tiene fuerza de ley de manera inmediata, aunque deberá atravesar el proceso de análisis legislativo correspondiente.
El Gobierno brasileño también anunció el envío de un proyecto al Congreso para incorporar nuevas figuras relacionadas con las apuestas ilegales al Código Penal y aumentar las sanciones para quienes continúen desarrollando este tipo de actividades fuera del marco establecido.
La decisión se produce en medio de la preocupación oficial por el impacto de las apuestas sobre el endeudamiento de los hogares. El Ejecutivo brasileño presentó además un paquete de medidas destinado a asistir a familias con deudas.
La medida generó una fuerte reacción en el fútbol brasileño. Distintos clubes habían advertido sobre las consecuencias económicas que podría tener la desaparición de los contratos de patrocinio y publicidad vinculados con las empresas de apuestas.
El sector de las apuestas había adquirido una importante presencia en el deporte y en los medios de comunicación brasileños. La actividad había sido autorizada inicialmente en 2018 y posteriormente regulada durante el gobierno de Lula, a partir de la legislación aprobada en 2023.
Según datos oficiales difundidos por el Gobierno, en 2025 alrededor de 25 millones de brasileños realizaron apuestas a través de estas plataformas y el volumen apostado alcanzó los 220.600 millones de reales.
La prohibición establece además un período de transición para las empresas que hasta ahora contaban con autorización. Los usuarios podrán retirar los saldos disponibles y, posteriormente, las plataformas deberán dejar de operar en el país.
La decisión también tendrá impacto sobre la recaudación fiscal y sobre los ingresos que clubes, medios y otros actores obtenían mediante publicidad y patrocinios de las casas de apuestas.
Quienes cuestionan la prohibición advierten que el cierre del mercado legal podría favorecer el crecimiento de operadores clandestinos. El Gobierno, en cambio, sostiene que la medida apunta a limitar una actividad que considera vinculada al endeudamiento de las familias y al avance de las apuestas digitales.