Una disputa judicial por terrenos pertenecientes al antiguo emprendimiento La Parquetera llegó al Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. El reclamo fue presentado contra la Municipalidad de Eduardo Castex por un inmueble en el que posteriormente se construyeron viviendas sociales.

La demanda fue impulsada por Jorge Zallocco, quien sostiene que adquirió el inmueble en 2010 a Carlos Bravo, un vecino de la localidad que había obtenido esos terrenos en una subasta judicial realizada en 1995. Al año siguiente, Bravo fue puesto formalmente en posesión del inmueble por orden judicial.

El conflicto se originó años después, cuando el municipio inició un procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa y sostuvo que ejercía la posesión del terreno desde 1990. La parte demandante cuestiona esa afirmación y sostiene que existen actuaciones judiciales de 1994, 1995 y 1996 que resultarían incompatibles con esa posesión.

El abogado que representa a Zallocco explicó que el procedimiento municipal se encuadró en el régimen establecido por las leyes nacionales 21.477 y 24.320, que permite a provincias y municipios documentar e inscribir administrativamente inmuebles cuando consideran cumplidos los requisitos para una prescripción adquisitiva.

Según el planteo presentado ante el Superior Tribunal, durante los años mencionados existieron constataciones judiciales, una subasta pública y una posterior entrega de la posesión a Bravo. La defensa considera que esos antecedentes deben ser analizados al momento de evaluar la validez del procedimiento administrativo posterior.

El origen del conflicto

La antigua fábrica conocida como La Parquetera, vinculada a la familia Schtjman, dejó de funcionar durante la década de 1990. En ese contexto, Bravo, quien trabajaba para la empresa, inició un reclamo laboral. Como parte de ese proceso, se avanzó sobre el inmueble, que se encontraba embargado.

El primer remate realizado en 1995 no tuvo oferentes. En una segunda subasta, concretada el 25 de noviembre de ese año, Bravo resultó adjudicatario de los terrenos. De acuerdo con la explicación de su representación legal, contaba con un crédito laboral reconocido judicialmente cuyo monto incluso superaba el valor de la subasta.

En 1996, por orden judicial, el Juez de Paz de Eduardo Castex concretó la entrega formal de la posesión del inmueble a Bravo.

Años más tarde, Bravo vendió el terreno a Zallocco. El comprador cuenta con un boleto de compraventa con firmas certificadas y documentación relacionada con el pago de obligaciones que pesaban sobre la propiedad, entre ellas un juicio de apremio y determinadas tasas municipales.

Sin embargo, la operación no llegó a completarse mediante la correspondiente escritura e inscripción registral.

Posteriormente, una parte del inmueble fue subdividida y cedida al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), donde se construyeron viviendas sociales.

El planteo contra la prescripción administrativa

Antes de recurrir a la Justicia, Zallocco presentó un reclamo ante la Municipalidad de Eduardo Castex, que fue rechazado. También fue desestimado el recurso de reconsideración, por lo que, una vez agotada la instancia administrativa, se inició la demanda ante el Superior Tribunal de Justicia.

El planteo busca que se declaren nulas las resoluciones mediante las cuales se instrumentó y posteriormente se ratificó la prescripción adquisitiva administrativa.

La representación de Zallocco sostiene que existirían vicios en elementos esenciales de esos actos, particularmente en su causa, forma y fundamentación. También cuestiona que Bravo y posteriormente Zallocco no hayan sido notificados personalmente durante el trámite administrativo.

Otro de los puntos discutidos está relacionado con la prueba utilizada por el municipio para acreditar la posesión. En ese procedimiento declararon dos empleados municipales, cuyos testimonios son cuestionados por la parte demandante debido a su relación laboral con la comuna y a que, según sostiene, fueron incorporados sin intervención de quienes consideraba interesados directos en el inmueble.

La defensa aclaró que el hecho de que los declarantes fueran empleados municipales no invalida por sí mismo sus testimonios, pero consideró que esa circunstancia debe ser ponderada junto con el resto de la prueba.

Qué reclama el propietario

El pedido judicial contempla dos situaciones diferentes. Por un lado, se encuentra la superficie donde actualmente están construidas y adjudicadas las viviendas sociales.

En ese caso, la parte demandante sostiene que debe protegerse a las familias que recibieron sus viviendas, al considerarlas terceros de buena fe que no participaron del conflicto. Por esa razón, solicita una reparación económica sustitutiva equivalente al valor de mercado de esa superficie.

Respecto del sector que permanece sin construir, actualmente identificado como parcela 40, Zallocco reclama que se reconozca su derecho a completar la escrituración.

La representación legal remarcó que el reclamo no está dirigido contra las familias que viven en las viviendas sociales, sino contra la actuación administrativa del municipio. El objetivo planteado es preservar los derechos de los adjudicatarios y, al mismo tiempo, reclamar por lo que consideran derechos sobre el inmueble.

La causa se encuentra actualmente en etapa probatoria. La Municipalidad de Eduardo Castex ya contestó la demanda y mantiene una postura contraria a la planteada por Zallocco.