El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet. La presentación apunta a esclarecer las operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro que, según una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN), registraron resultados negativos por 1.023 millones de dólares durante 2025.

La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Dalbón anticipó que el martes 13 ampliará la denuncia con documentación adicional y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan. También adelantó que pedirá medidas para preservar las pruebas y que evalúa solicitar restricciones personales y patrimoniales para los denunciados.

Qué señala la auditoría

La presentación judicial se basa en la auditoría de los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025, aprobada por la AGN mediante la Resolución 205/2026.

De acuerdo con los registros examinados, las operaciones financieras asociadas al oro arrojaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, equivalente a 1.469.155 millones de pesos a valores de cierre.

El informe discrimina 960,2 millones de dólares correspondientes a pérdidas por opciones financieras y otros 62,8 millones destinados al pago de primas.

A partir de esos datos, el abogado pidió que la Justicia reconstruya la secuencia de decisiones que condujo a las operaciones y determine quiénes las diseñaron y autorizaron, con qué contrapartes se concretaron, cuáles fueron sus fundamentos económicos y qué controles se aplicaron.

La investigación busca determinar posibles responsabilidades

Dalbón sostuvo que el monto involucrado exige explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos y reclamó que se analice la documentación para establecer si las decisiones adoptadas ocasionaron un perjuicio al patrimonio del Estado.

La denuncia, por sí misma, no acredita la comisión de un delito ni determina responsabilidades individuales. El objetivo de la presentación es que la Justicia investigue las operaciones y establezca si existieron irregularidades que puedan dar lugar a consecuencias penales.

El letrado insistió en la necesidad de acceder a los registros, identificar a las contrapartes de las operaciones y garantizar la conservación de las pruebas para avanzar en el esclarecimiento del caso.