El senador nacional pampeano Daniel Bensusán cuestionó las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro durante el gobierno de Javier Milei y reclamó que se esclarezca el resultado de esas maniobras. Tras las pérdidas de 1.023 millones de dólares señaladas por la Auditoría General de la Nación (AGN), sostuvo que, si se comprueban irregularidades, debe haber consecuencias políticas y judiciales. “Por lo menos alguna renuncia tiene que haber en esto. ¿Quién se hace responsable?”, planteó.

En diálogo con Radio Noticias FM 99.5, el legislador apuntó contra las decisiones adoptadas por el Banco Central y el Ministerio de Economía en relación con las reservas de oro. Consideró que tanto las autoridades de la entidad monetaria como su directorio deben responder por las operaciones realizadas y por sus resultados.

Bensusán también reclamó información sobre el destino de los lingotes trasladados al exterior, las condiciones en las que fueron utilizados y las ganancias o pérdidas generadas por esas operaciones.

“Lo que se está investigando es la decisión administrativa de inversión del Banco Central y el ministro de Economía con las reservas del oro”, afirmó. Además, señaló que la investigación deberá determinar dónde se encuentran los lingotes, bajo qué instrumentos financieros se utilizaron y cuáles fueron sus resultados.

Cruces por las pérdidas informadas

El senador explicó que, según su interpretación de la auditoría, mantener los lingotes como reserva en el país habría permitido obtener una ganancia por la suba internacional del precio del oro. En cambio, sostuvo que al utilizar esos activos como garantía de operaciones financieras en dólares, el resultado comparado con la cotización del metal arrojó pérdidas.

También cuestionó la información proporcionada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante su exposición ante el Senado. Según Bensusán, la AGN tuvo dificultades para acceder a documentación necesaria para realizar sus auditorías, bajo el argumento de que se trataba de información sensible.

El legislador consideró que la información conocida hasta el momento no alcanza para despejar las dudas y reclamó que se exhiban los documentos y se revisen los estados contables.

Por su parte, el Banco Central rechazó la interpretación de la AGN y afirmó que su posición global en oro, incluidas las coberturas financieras, registró una ganancia neta de 2.505 millones de dólares. Además, atribuyó la controversia a una acusación con fines políticos.

Ante esa respuesta, Bensusán exigió que las autoridades presenten los elementos que respalden sus afirmaciones. Advirtió que, si la investigación comprobara irregularidades, podrían establecerse responsabilidades políticas y penales, que deberán determinarse por las vías correspondientes.

El senador recordó además que las reservas de oro fueron acumuladas durante distintas gestiones y mencionó compras realizadas en períodos en los que el Banco Central estuvo encabezado por Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

La Ley de Tierras y la ciudadanía por inversión

En otro tramo de sus declaraciones, Bensusán alertó sobre las consecuencias de las políticas nacionales relacionadas con la propiedad de tierras rurales y el acceso a la ciudadanía argentina mediante inversiones.

El legislador se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras, y planteó interrogantes sobre la relación entre esa normativa y otros decretos del Gobierno nacional.

En particular, mencionó el DNU 366/25 y el Decreto 524/25, vinculados con el mecanismo de ciudadanía por inversión. Según advirtió, ese sistema podría permitir que un extranjero obtenga la nacionalidad argentina mediante una inversión y, en determinadas circunstancias, deje de quedar alcanzado por las restricciones previstas en la Ley de Tierras.

Bensusán señaló que el mecanismo también está cuestionado judicialmente y remarcó la importancia de establecer controles sobre sus alcances.

“No discutimos solamente quién compra un campo. Discutimos cómo se protege el territorio argentino, el agua, los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de nuestras provincias”, expresó.

Finalmente, sostuvo que la protección de la soberanía requiere leyes, controles y decisiones que resguarden el patrimonio nacional.