La Libertad Avanza incorporó al dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un artículo que busca restablecer la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La norma establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y había sido derogada por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
La decisión se produjo en medio de las negociaciones en la Cámara de Diputados y ante el riesgo de que la oposición consiguiera los votos necesarios para rechazar el decreto en su conjunto. De concretarse esa posibilidad, no solo quedaría sin efecto la derogación de la Ley de Tierras, sino también otros cambios introducidos por el Gobierno en materia de alquileres, abastecimiento, góndolas, medicina prepaga y telecomunicaciones, entre otras áreas.
El oficialismo alcanzó un acuerdo con el PRO y la Unión Cívica Radical para elaborar un dictamen de mayoría que reunió 34 firmas. El texto incorpora un artículo que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y otro que restituye plenamente la Ley de Tierras.
De esta manera, los sectores opositores a la derogación de esa norma, pero que no acompañaban el rechazo integral del decreto, encontraron una alternativa para respaldar su recuperación sin cuestionar el resto de las disposiciones del DNU.
Cruces entre oficialismo y oposición
Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo junto a los diputados misioneros de Argentina Federal Alberto Arrúa y Yamila Ruiz. Por su parte, Provincias Unidas y la Coalición Cívica firmaron un despacho conjunto propio.
El diputado radical correntino Diógenes González fue el encargado de defender el dictamen de mayoría y reconoció que la Ley de Tierras había generado una “gran conmoción pública”.
Desde Unión por la Patria, Diego Giuliano cuestionó el giro del oficialismo y sostuvo que el Gobierno terminaba regresando a una norma impulsada por el peronismo. La diputada Paula Penacca, en tanto, calificó la decisión como un “manotazo de ahogado” y cuestionó que legisladores de La Libertad Avanza respaldaran una medida contraria a la decisión que había tomado el Presidente.
La legisladora también hizo referencia a los movimientos judiciales vinculados con la norma y criticó el cambio de postura del oficialismo.
La izquierda denunció una maniobra política
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman advirtió que la restitución de la Ley de Tierras podría funcionar como una estrategia para reducir el respaldo opositor a la sesión convocada para debatir el rechazo al DNU 70/2023.
Bregman cuestionó a los bloques que aceptarían recuperar esa legislación mientras mantienen su apoyo al resto del decreto y reclamó que se conozca qué diputados no acompañarán el intento de derogación y cuáles son los motivos de esa decisión.
Por su parte, Giuliano sostuvo que el debate sobre la Ley de Tierras quedaba relativizado frente a otros anuncios oficiales relacionados con la posibilidad de otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros a cambio de un aporte de 350.000 dólares al Tesoro.
La discusión parlamentaria expuso así las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores, en una instancia en la que la recuperación de la Ley de Tierras aparece como una pieza central para intentar sostener el resto del paquete de reformas impulsado por el Gobierno.

