El Ministerio Público Fiscal (MPF) desestimó la denuncia presentada por Ana Laura Pizzani contra funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y efectivos policiales por su intervención durante el procedimiento de restitución de un bebé de siete meses, realizado el pasado 7 de septiembre. La Fiscalía concluyó que no se encontraron elementos que permitieran determinar la posible comisión de un delito penal.

La presentación había sido radicada en la Comisaría Seccional Primera y cuestionaba presuntas irregularidades en la intervención y supervisión del grupo familiar. También denunciaba posibles situaciones de intimidación y hostigamiento durante el operativo, además de objeciones al accionar policial y a la falta de documentación de determinadas circunstancias.

Al analizar el caso, el MPF aclaró que su intervención se limitaba a establecer si los hechos denunciados podían constituir delitos. En ese sentido, señaló que no le correspondía evaluar la legitimidad ni el mérito de las decisiones judiciales o de protección de derechos adoptadas por las autoridades competentes.

El procedimiento de restitución

Para reconstruir lo sucedido, la Unidad de Atención Primaria tomó declaraciones a integrantes del Equipo de Abordaje e Incidentes Críticos de la Policía que participaron del operativo en Eduardo Castex y del posterior traslado a Santa Rosa.

Según los testimonios incorporados a la investigación, los efectivos fueron convocados para colaborar con personal de la Dirección de Niñez en el cumplimiento de una orden judicial de restitución del niño.

Al llegar, la pareja que tenía al bebé bajo su cuidado se encontraba dentro de un vehículo y se negaba a entregarlo. En el lugar se habían congregado alrededor de 50 personas que expresaban su apoyo a la familia.

Los agentes señalaron que se implementó una estrategia basada en el diálogo y la negociación para resolver la situación. De acuerdo con sus declaraciones, la familia manifestó que no entregaría al niño hasta que se resolviera un recurso presentado con anterioridad.

Finalmente, se acordó trasladar a Pizzani y al bebé a Santa Rosa, con acompañamiento de personal especializado y de un familiar. Su esposo se movilizó en su propio vehículo.

Una vez en la Dirección de Niñez, se realizó una reunión con autoridades del organismo y otros participantes. A pedido de la familia, el niño fue examinado por una médica de Sanidad Policial antes de ser entregado a su nueva familia. También se habilitó una instancia de despedida.

Respecto de las presuntas expresiones intimidatorias o agraviantes denunciadas, los responsables policiales declararon no haber escuchado manifestaciones de ese tipo durante el procedimiento.

La Fiscalía no encontró elementos de delito

Al fundamentar la decisión, el Ministerio Público Fiscal consideró que los funcionarios intervinientes actuaron dentro de sus competencias y en cumplimiento de una orden judicial. También sostuvo que durante el operativo se priorizaron el diálogo, la contención y la protección de la integridad física del bebé y de las demás personas involucradas.

La investigación no encontró pruebas de maltrato, hostigamiento, uso ilegítimo de la fuerza ni otras conductas que permitieran atribuir responsabilidad penal a los agentes.

En consecuencia, la Fiscalía resolvió desestimar las actuaciones en los términos del artículo 259 del Código Procesal Penal.

La decisión se circunscribe a la existencia de posibles delitos penales y no implica, por sí misma, un pronunciamiento sobre el mérito de las decisiones judiciales o administrativas vinculadas con la situación del niño.