Los dos agentes involucrados en la sustracción de un crique de una gomería fueron desplazados preventivamente de sus funciones. La medida se tomó luego que los efectivos fueran formalizados.

Tras avanzar las actuaciones judiciales, se confirmó que los dos efectivos policiales formalizados por el robo de un gato hidráulico en una gomería de General Pico fueron pasados formalmente a situación laboral de pasiva.

La decisión se tomó 5 días después de formalizada la acusación en los Tribunales de General Pico. El sargento Alejandro Muñoz y el cabo primero Luis Alberto Medrano quedaron imputados por la sustracción de un gato hidráulico de la gomería Cattaleya, de General Pico, y deberán cumplir restricciones de contacto y acercamiento al denunciante. 

La investigación avanzó este lunes con una audiencia de formalización realizada en el Palacio de Tribunales, ante el juez de control Alejandro Gilardenghi. Intervinieron el fiscal Matías Juan y la defensora oficial Soledad Forte. Los dos uniformados habían prestado declaración indagatoria antes de la audiencia, en la que expusieron sus respectivas versiones de lo ocurrido.

La Fiscalía mantuvo la acusación por “hurto simple agravado por la condición de miembros de una fuerza de seguridad”, en calidad de coautores, mientras que la Defensa planteó subsidiariamente la figura de “apropiación indebida de cosa perdida”.

Hasta que se produjo la formalización, los dos efectivos policiales habían sido reubicados en otras dependencias policiales piquenses. Con la acusación, la Policía avanza con las medidas administrativas hasta que haya una decisión judicial.

Otros a la espera

La medida tomada en General Pico contrasta con la situación de los otros siete policías de Santa Rosa, investigados por supuestas lesiones graves y vejaciones contra Lautaro Ruiz, un joven lutier, ocurrida en septiembre en la capital provincial en Santa Rosa.

Sobre este caso, según pudo saber El Diario la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) —órgano encargado de instruir el sumario— se encuentra actualmente a la espera de que la Justicia remita el informe oficial de imputación posterior a la formalización, un trámite que en este caso demoró unos cuarenta días en concretarse frente a los cinco que demandó el episodio de General Pico.

A partir de dicho informe, se evaluará si corresponde dictar la pasiva para todos los implicados, para algunos de ellos o únicamente para aquellos sobre los que existan elementos probatorios puntuales para una imputación administrativa.

Cabe aclarar que el pase a pasiva —que en el pasado se aplicaba de manera automática— se toma tras un profundo análisis previo debido a las consecuencias que conlleva para el personal. Estar bajo esta condición implica la pérdida de la promoción anual, una merma considerable en los haberes y un perjuicio profesional difícil de retrotraer, por lo que ahora se espera a la formalización judicial para evaluar su situación y evitar conflictos a futuro tanto para el personal como para el Estado provincial.