Un cabo primero de la Seccional Tercera de Santa Rosa quedó formalmente imputado por las agresiones que habrían sufrido tres jóvenes durante un procedimiento policial ocurrido el domingo 1° de noviembre frente a la Catedral. La investigación también incluye la presunta falsificación de un documento oficial para justificar el accionar del efectivo.

El acusado es Franco Juan Carlos Gauna Coronel, quien fue llevado ante el juez de Control Daniel Ralli en la Ciudad Judicial. La causa se inició a partir de la denuncia de Priscila Mora Grandon y posteriormente se incorporaron las presentaciones de su hermano, Joel Mora, y de Leonardo Nicolás Mosqueira, quien también habría sido agredido durante el mismo operativo.

La imputación contempla lesiones leves agravadas por la función o cargo policial, en concurso ideal con vejaciones. Se investigan tres hechos en concurso real entre sí, además de una acusación por falsedad ideológica de instrumento público.

Las agresiones frente a la Catedral

El episodio ocurrió alrededor de las 6.40 del domingo 1° de noviembre, sobre la calle Avellaneda. El caso tomó estado público luego de que se difundiera un video en redes sociales que muestra parte del procedimiento.

Según la reconstrucción presentada por el fiscal Máximo Paulucci durante la audiencia, Gauna Coronel habría golpeado primero a Mosqueira con un puñetazo en el rostro, provocándole un corte en la ceja izquierda y una hemorragia.

Posteriormente, habría sujetado a Priscila Mora del cuello y el rostro, para luego empujarla violentamente al suelo. Cuando la joven ya se encontraba inmovilizada boca abajo por dos policías mujeres, el efectivo le habría aplicado tres patadas.

En el caso de Joel Mora, la Fiscalía sostuvo que recibió dos golpes de puño en el rostro mientras se encontraba reducido por otro policía, esposado con las manos hacia atrás.

Las lesiones denunciadas por los tres jóvenes fueron constatadas por un médico forense del Poder Judicial.

La denuncia de Priscila también incluyó presuntos maltratos posteriores en la Seccional Tercera, donde aseguró que fue golpeada y obligada a desnudarse. Según su relato, no recibió una revisión médica durante su permanencia en la dependencia.

La acusación por falsificación

Además de las agresiones, la Fiscalía atribuyó al cabo primero la presunta falsificación de un sumario policial iniciado bajo la carátula “Mora Joel y Mora Priscila, sobre atentado y resistencia a la autoridad”.

De acuerdo con la acusación, el efectivo habría incorporado información falsa en el informe que dio origen a las actuaciones, con el propósito de justificar el procedimiento.

En ese documento se habría consignado que Priscila intentó entorpecer el accionar policial para evitar la demora de su hermano y que, debido a un aparente estado de ebriedad, perdió la estabilidad y cayó al suelo, motivo por el cual fue detenida.

El fiscal Paulucci cuestionó esa versión y sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento permiten considerar que las afirmaciones incorporadas al informe no se corresponden con lo sucedido.

La medida judicial y la postura de la defensa

Ante el riesgo de que el imputado pudiera interferir en la investigación, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva hasta la finalización del proceso. Como alternativa, propuso una prohibición absoluta de contacto con los tres denunciantes y con otros tres efectivos de la Seccional Tercera que participaron del operativo.

El defensor Fernando Pina adelantó que su representado no prestó declaración durante la audiencia, aunque podría hacerlo más adelante. También manifestó su desacuerdo con la reconstrucción de los hechos y con la calificación jurídica, especialmente respecto de la acusación por falsedad ideológica de instrumento público, cuyos elementos consideró que no están acreditados.

Finalmente, el juez Daniel Ralli aceptó la imputación en los términos planteados por la Fiscalía y consideró que, por encontrarse la investigación en una etapa inicial, existía la posibilidad concreta de que Gauna Coronel pudiera influir sobre las víctimas y los testigos.

Por ese motivo, dispuso la prisión preventiva, pero autorizó que fuera sustituida por una prohibición absoluta de contacto con las seis personas mencionadas. La restricción alcanza cualquier modalidad de comunicación, ya sea personal, por medios informáticos o mediante terceros.

Además, ordenó comunicar lo resuelto a la Jefatura de la Policía de La Pampa y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.