La justicia uruguaya rechazó el pedido de refugio político del macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón

Luego de permanecer durante más de 500 días prófugo, la justicia uruguaya rechazó el pedido del ex operador judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepin”  Rodríguez Simón de ser considerado un refugiado político y poder permanecer en ese país a pesar de los pedidos de detención internacional librados en su contra. La jueza María Servini libró un […]

Luego de permanecer durante más de 500 días prófugo, la justicia uruguaya rechazó el pedido del ex operador judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepin”  Rodríguez Simón de ser considerado un refugiado político y poder permanecer en ese país a pesar de los pedidos de detención internacional librados en su contra.

La jueza María Servini libró un pedido de captura internacional tras declarar en rebeldía a Rodríguez Simón. También decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

La magistrada tomó esa decisión luego de que el ex operador judicial de Macri huyera a Uruguay para no prestar declaración indagatoria en la causa en que está imputado en la causa que investiga la persecución y extorsión a los dueños del Grupo Indalo. En Uruguay Rodríguez Simón pidió asilo en tanto refugiado político y ahora la justicia de ese país le acaba de denegar ese status.

Rodríguez Simón está imputado en la causa en la que según describió Servini “se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”.