José Vanini, secretario general del gobierno de La Pampa considero que lo dicho por Alberto Fernández en su reciente paso por nuestra provincia es “un hecho histórico y un triunfo de todos los pampeanos”.
La tercera visita del presidente Alberto Fernández a La Pampa trajo como sorpresa el anuncio de apoyo a las pretensiones pampeanas de frenar la megaobra de Portezuelo del Viento. El presidente de la Nación manifestó que va a hacer un laudo, que todavía no lo conocemos. A partir de allí habrá un análisis y se sabrá la procedencia del mismo. El presidente anticipó que ese laudo implica la realización de un estudio de impacto ambiental, que es lo que las provincias condóminas han pedido desde el juicio.
Ante estos dichos, el actual secretario general de la Gobernación y ex fiscal de Estado, José Vanini, no dudó en señalar que lo informado por el primer mandatario nacional “marcó un hecho histórico en la defensa de nuestros ríos”.
El funcionario, por años parte de ese frente de batalla, recordó que “desde el año 2016 venimos trabajando en forma conjunta con la Fuchad, la Asamblea de los Ríos, la Universidad de La Pampa y todas las áreas de Gobierno, para frenar los avances de la provincia de Mendoza en la construcción de una obra que generará daños irreversibles para nuestra Provincia”.
Y agregó que se trata de “una obra diseñada hace más de 40 años, que no respeta los usos del río que sostiene Coirco y mucho menos los principios ambientales con rango constitucional.
Fue una lucha que La Pampa comenzó en soledad, pero con el paso del tiempo pudimos exponer y hacer escuchar nuestros fundamentos por el resto de las provincias. Desde lo personal participé en esta defensa desde mi cargo de Fiscal de Estado, abordando con los demás profesionales del organismo los fundamentos y estrategias jurídicas tanto administrativas como judiciales”.
Para Vanini uno de los puntos importantes de la causa fue la posición de la provincia de La Pampa a lo largo de todos estos años que se mantuvo firme y coherente. Otro de los puntos y no menor fue llevar adelante la posición pampeana de forma interdisciplinaria con todas las áreas y escuchar a todos los sectores de la sociedad, así fueron parte las asociaciones, las entidades intermedias, la Universidad, los pobladores locales, los pueblos originarios.
También otras voces pampeanas se sumaron a hacer comentarios sobre el tema y mostrarse satisfechos por las intenciones que provienen de presidencia.
Romina Schmidt, actual Fiscal de Estado
“Es dable resaltar que el laudo presidencial no fue a favor exclusivamente de La Pampa, sino que reivindica el respeto institucional, en tanto lo que la provincia de Mendoza pretendía avasallar las decisiones tomadas dentro del organismo de cuenca creado a tal efecto COIRCO” señaló Schmidt.
“Todo ello, además, en el entendimiento y reconocimiento que el río Colorado integra una cuenca hídrica indivisible que se extiende más allá de los limites físico políticos que demarcan las provincias. Así, dado nuestro carácter de representantes es nuestra responsabilidad velar por su correcto funcionamiento y para que el cumplimiento de sus fines sea a través de su estatuto y reglamento” agregó.
Por otro lado, dijo Schmidt, “esta resolución implica una muestra de acompañamiento a la lucha que La Pampa mantiene hace décadas para recuperar el derecho al agua que fue apropiado de manera indebida, por la provincia de Mendoza”.
Además la funcionaria indicó que se trata de “un reclamo que muchas veces ha sido tildado de absurdo e injustificado, generalmente por desconocimiento del derecho ambiental. Ello además unificándolo al río Atuel, conflicto que generó en la sociedad pampeana desilusión y desesperanza. El agua implica vida, salud, desarrollo económico, social y cultural. Y este interés social superior fue lo que posibilitó que se aunaran los esfuerzos de toda la Provincia. El estudio de impacto ambiental que cita el presidente de la nación no es más que el estudio que requiere tanto la Ley de Ambiente de la Nación como la Ley de Obras Hidráulicas. El presidente, con su anuncio, no hizo más que respetar la Ley y la interprovincialidad de la cuenca, asignando el carácter de Interjurisdiccional y común del recurso humano agua, centrándolo específicamente en la cuenca del Colorado. Dicho esto no cabe más que confirmar la falacia discursiva de todos los interlocutores de Mendoza, cuando quieren con una presentación extemporánea, reabrir instancias precluídas”.
Hernán Pérez Araujo, diputado nacional
“El presidente hizo cumplir con la ley, lo que venimos haciendo desde el 2016. Cuando la obra se reactiva por el acuerdo entre Cornejo y Macri, en aquel momento pedimos que se haga el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca, se opusieron desde Mendoza y el Gobierno nacional, y en aquel momento parecía que La Pampa tenía una postura obstruccionista, nos trataron de locos. Está claro que lo único que pedíamos es que se cumpliera la ley. Y esto es lo que hizo el presidente, ni más ni menos. No es que se le ha dicho no a Portezuelo desde el Gobierno nacional, sino que se dijo que se tiene que hacer el estudio de impacto ambiental. Si esto es el fin o no de Portezuelo, corre por cuenta de las autoridades mendocinas”.
Pérez Araujo dijo no estar sorprendido de la postura mendocina de apropiarse de los ríos, “no me sorprende ni me sorprenderá jamás, es su postura histórica. Lo que no sé si van insistir. Si van a insistir en la concreción de la obra tienen que hacer el estudio de impacto ambiental, evaluarlo, someterlo a la participación de la ciudadanía, a través de si hay audiencias públicas o de consultas, en ese caso no habría problema. En caso de que insista de manera ilegítima e ilegal, debería ser una medida que se tenga que expedir ante la Justicia para que esto no se haga”.
Las autoridades de Mendoza, dijo, “ya habían desistido de la obra de Portezuelo antes y lo que están necesitando era un culpable y que ese culpable sea el Gobierno nacional. Por eso es que no hicieron nada. De hecho, desde el 2018, en que Macri los habilitó hasta el 2020 que se reabrió el proceso de laudo, tuvieron dos años y no avanzaron en la concreción de la obra. Está claro que no era la idea. Quieren usar el dinero un algún otro destino”.
Pablo Dornes y Jorge Scarone, representantes de la Universidad Nacional de La Pampa en el Comité Técnico de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Scarone, respecto al tema, trazó su postura personal al señalar que “no debiera existir ese laudo porque los tiempos ya estaban pasados. Sí sirve para tranquilizar al conjunto y que sean considerados todos los convenios, y en eso siempre ha sido muy taxativo en reconocer que el río es de todos y es de nadie. Lo que pretendió Mendoza de hacer un estudio de impacto ambiental de su territorio y con ese estudio comenzar a construir una obra para manejar ellos el agua, es totalmente improcedente según esta concepción, porque además era el único río que nos estaba quedando, el río Colorado”.
El investigador afirmó que los demás ríos “los fue tomando Mendoza y San Juan con distintas obras. Es una situación muy comprometida en la cual los pampeanos, hace unos cuantos años hemos dicho basta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio dictámenes favorables a La Pampa, pero que aún no logró su cumplimiento. O sea que la situación es de riesgo y preocupación”.
“Nosotros llamamos a esta situación un ¨ecocidio¨ sostuvo Scarone, y amplió que se trata de una figura equivalente “y que en poco tiempo más seguramente, estará contemplado en las cortes internacionales, porque es el inicio de un genocidio. A nuestros pueblos originarios se los desplazó porque se los dejó sin agua, hasta sin agua ni para beber. Desastre que hoy sigue en curso, porque mientras no ocurra un caudal mínimo como estableció la Corte, el deterioro ambiental continúa”.
Beatriz Dillon, profesora titular e investigadora del Instituto de Geografía – Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa
Beatriz Dillon, profesora titular e investigadora del Instituto de Geografía – Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.
La profesora e investigadora afirmó que se trata de una decisión presidencial acertada la de convocar a la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Integral de la Cuenca del río Colorado, que defina y evalúe los impactos que pudiera provocar la construcción del proyecto multipropósito de Portezuelo del Viento.
“No es solo atender al reclamo de cuatro de las cinco provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del río Colorado (COIRCO). Se trata básicamente de adoptar una visión hidropolítica del carácter integral de las cuencas hidrográficas sobre la base de que el agua es un recurso estratégico, un bien común de la humanidad, un derecho humano universal” expuso.
Los estudios realizados desde la Universidad Nacional de La Pampa, específicamente el seguimiento y la revisión técnica del documento titulado Estudio de Impacto Ambiental Regional: Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento presentado por la UTE conformada por especialistas de las Universidades Nacionales del Litoral y La Plata, realizado a solicitud del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) “detectó una serie de puntos críticos agrupados en aspectos estructurales y coyunturales. Entre ellos el hecho de no incluir el carácter multipropósito de Portezuelo del Viento que supone el trasvase de caudales hacia el río Atuel, hecho altamente preocupante por la alteración ambiental que podría generar en la subcuenca del río Atuel” apuntó Dillon.
Y agregó, “esta visión hidropolítica puede abordarse también a partir de considerar al agua de los ríos como factor sujeto a intereses contrapuestos de las distintas jurisdicciones, tema relevante que exige una discusión con perspectiva ideológica e intencional. Algunos piensan en aumentar la productividad y otros en evitar daños ambientales que impliquen la destrucción de las territorialidades hídricas, el ambiente y la cultura de vastas regiones del país, como La Pampa”.
“Sin lugar a dudas, las crisis del agua nacen de la apropiación y el despojo que generan desigualdades y pobreza; de las relaciones asimétricas del poder y de las políticas inapropiadas de gestión del recurso, y no de su disponibilidad física. La provincia de La Pampa, a partir de su política de Estado, defenderá al Río Colorado, no por mero capricho, como se ha mencionado varias veces, sino con la convicción política de que este río no puede convertirse en una nueva cicatriz hídrica como lo demuestra la realidad que sufren los ríos Salado-Chadileuvú- Curacó y el río Atuel” concluyó.
Alberto Golberg, presidente de la Fundación Chadileuvú
Golberg recordó que la institución fue la primera en advertir el avance de Mendoza en relación a la construcción de Portezuelo del Viento sin haber realizado el estudio de impacto ambiental, “nosotros recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, hace ya 4 o 5 años, por medio de un abogado especializado en la cuestión ambiental, de Buenos Aires, nuestra acción está seguramente en algún cajón de la Suprema Corte porque de ahí no hubo muchos avances, a pesar que la fiscal General, que en ese momento era Gils Carbó, había recomendado a la Suprema Corte tomar el caso que habíamos iniciado”.
“Luego transcurrió un largo tiempo y la crisis hídrica de los ríos, no solo de la cuenca del Colorado sino también del Desagüadero, que también está implicada en el funcionamiento del Colorado, se fue agravando, desde hace más de 10 años todos los ríos cordilleranos, debido a la disminución de la precipitación nival, fueron disminuyendo hasta el punto que el Colorado tiene casi la mitad de su caudal histórico”, continuó.
Explicó que desde la Fundación se continuó el trabajo sobre lo que ocurría con el recurso hídrico y que lo que pasó con la declaración pública del presidente Alberto Fernández respecto a solicitar el estudio de impacto ambiental, “es algo positivo para nosotros, y para todas las provincias que están implicadas con el río Colorado, sobre todo Buenos Aires, que tiene la zona de riego más importante”.
Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de la provincia.
Lastiri expresó que “ estamos muy satisfechos ya que no es una lucha personal, sino la de un equipo de trabajo que viene desde hace mucho tiempo en la defensa de nuestros derechos en los recursos hídricos, y que también es acompañada por el pueblo pampeano. Esto le da sustento y validez a una política de Estado como es encabezar este reclamo. Se ponían en serio riesgo varias actividades como por ejemplo; la del agua potable, como todos los usos del agua en toda la cuenca del río Colorado. Y que afecta a las cuatro provincias que apoyamos el consejo de Gobierno de Sergio Ziliotto, de realizar una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca”.
“La resolución del presidente es acompañar la decisión de los cuatro gobernadores, por eso es importante que se respete la opinión de cuatro y no la de uno. En los anteriores impactos ambientales, Mendoza hasta con sentido propagandístico decía que “era la obra más estudiada del mundo”, y no llegaba el agua a Casa de Piedra. Entonces toda la cuenca no era estudiada y mucho menos avalada por los estudios de impacto que se hicieron. A su vez eran severamente cuestionados, La Pampa en ese momento tuvo un equipo de contraparte que encabezaba la UNLPam y tuvimos solidas respuestas a lo manifestado en el estudio de impacto ambiental que se hizo”, sostuvo.
“Si Mendoza decide seguir con Portezuelo del Viento o no, es un tema de ellos. Mendoza debe definir si va a aceptar la evaluación de impacto ambiental o si se va a retirar. En caso de retirarse tendrá que dejar sin efecto la pre-adjudicación que tiene hecha el consorcio que ha licitado la obra y reasignar esos fondos para otras obras en su provincia”, manifestó.
“Para nosotros es muy importante consolidar nuestra posición del laudo en la que decimos que si se hace la obra debe ser con evaluación de impacto ambiental. Personalmente pienso que Mendoza sabe que no es sustentable ambientalmente, sabe que no es sustentable desde ningún punto de vista desde los que se analiza una evaluación de impacto ambiental, desde lo hidrológico, eléctrico, etc. Todos los usos de la cuenca del Colorado se ven afectados por esta gestión del agua que hace Mendoza”, indicó.
“Pienso que lo van a dejar de lado, la decisión de que se haga o no Portezuelo, con el laudo anunciado por el Presidente es propia de Mendoza. Son conscientes aunque no lo dicen para sustentar su persistencia política en desarrollar esta obra, sin toda una evaluación de impacto ambiental que la avale y que no va a seguir. Ellos van a preservar esos fondos para otros planes de obra. Ya tienen depósitos hechos en dólares y con una inflación del 8% mínimo en Estados Unidos y eso se está devaluando también”, manifestó.
“Portezuelo del Viento no es solución para Mendoza, pero no importa porque es claro y obvio el enunciado del presidente. Para La Pampa es central ya que llevamos mucho tiempo de persistencia en conseguir estos objetivos, que se analicen en conjunto los intereses del agua en la cuenca”, concluyó.
Fabián Titarelli, subsecretario de Ambiente
Titarelli analizó que “confrontar sociedad con ambiente, o producción con ambiente, como se ha venido excusando Mendoza, en particular el Departamento de Irrigación, para no ceder el caudal que le pertenece a La Pampa, además de ser una afirmación extemporánea que en épocas anteriores ha servido para justificar los peores desastres ambientales a lo largo y ancho del planeta, es un intento para seguir considerando a nuestros bienes naturales como inagotables y que simplemente están disponibles para extraerlos, cualquiera sea el costo ambiental en dicha tarea, desconociendo el daño ocasionado aguas abajo”.
El freno ejercido por el Ejecutivo Nacional a Portezuelo del Viento, una obra inadmisible ambientalmente desde todo punto de vista, pero diseñada al mejor estilo mendocino, “es un claro intento para desalentar este tipo acciones medievales, lejos de la razón y sentido de solidaridad que debería primar en una provincia en relación con las demás. “Somos una Provincia que necesita crecer y desarrollarse, pero sin hipotecar nuestra salud ambiental. De ello depende el emplazamiento de sociedades prósperas y felices” dijo el funcionario.
“Es a partir de nuestra seguridad ambiental que pensamos nuestro crecimiento, y para ello necesitamos nuestros ríos activos, así se lo hicimos saber a la SCJN y para ello seguimos luchando. Ahora con mucha más esperanza e ilusión, esperamos que se haga justicia” concluyó.