A través de una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Tucumán y otras agrupaciones vinculadas con el proceso de memoria, verdad y justicia, organismos de derechos humanos del Noroeste Argentino (NOA) pidieron juicio político para el ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz. Estos organismos consideraron que el funcionario, quien dijo semanas atrás que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, “no reúne la idoneidad requerida para desempeñar” un cargo en el máximo tribunal del país.
“El desconocimiento o el desprecio de la letra y espíritu” de la Constitución Nacional “ponen en evidencia un desempeño pobre y parcial en asuntos de enorme sensibilidad para evaluar las realidades sociales y medir la trascendencia institucional de los posicionamientos judiciales y/o jurídicos”, subraya el documento que reclama a Massa que cumpla el artículo 53 de la Carta Magna y acuse a Rosenkrantz ante el Senado por mal desempeño.
“Queremos que deje de ser juez”, resumió Cristina Torres, referente de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y expresos políticos de Santiago del Estero, uno de los colectivos que firmó el pedido de juicio político junto a Madres, H.I.J.O.S. y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Casa de la Memoria de Catamarca y la Asociación de exPresos y Presas Políticas de La Rioja, entre tantas otras.
La idea de realizar el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia nacional surgió a principios de mes, cuando se conocieron las declaraciones que Rosenkrantz realizó en el marco de la conferencia “Justicia, Derecho y Populismo”, en Chile. Allí, descalificó las “proclamas populistas” y reversionó a Eva Perón al plantear que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.
En ese marco, las declaraciones de Rosenkrantz fueron “la gota que rebalsó el vaso”. “Nos pareció que es totalmente insostenible que un juez que manifieste este nivel de desconocimiento o falta de respeto por la Constitución nacional sea miembro de la Corte Suprema y juez”, amplió la referente santiagueña ya que, se preguntó, “¿cómo puede leer nuestro derecho a la justicia y a la verdad alguien que opina de esa manera? Se comprende entonces por qué los juicios no avanzan”.
Un análisis similar realizaron desde la regional Capital de H.I.J.O.S., desde cuyas redes señalaron que las declaraciones del ex titular del máximo tribunal del país “confirman prácticas contrarias a la garantía de derechos” y “representan un modelo económico que defienden a fuerza de persecución judicial”. “Esta misma Corte elige no resolver causas por delitos de lesa humanidad durante años, negando parte del derecho a la justicia a las víctimas, familiares y a la sociedad en su conjunto. Llegaron a votar soltar a genocidas condenados y no pudieron avanzar por el repudio popular”, recordaron.