Con Cristina Kirchner presente en la audiencia del juicio oral, la Unidad de Información Financiera (UIF) descartó hoy que la vicepresidenta haya encabezado una asociación ilícita para defraudar al Estado en las obras públicas que de 2002 al 2015 recibió el empresario Lázaro Báez. Así, los abogados del organismo que depende del gobierno nacional pidieron la absolución su absolución.
“Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró el abogado de la UIF, Leandro Ventura. “Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude”, agregó. Y luego señaló que si no hubo fraude en la obra pública que recibió Báez, tampoco existió el delito de asociación ilícita. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”,, agregó el abogado.
El abogado Alejandro Irachet dijo al finalizar el alegato -que duró cerca de dos horas y media- que la postura de la UIF fue “por instrucción de su presidente”, Juan Carlos Otero, nombrado en diciembre del año pasado por Alberto Fernández.
La UIF también descartó que Cristina Kichner haya cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al firmar los decretos mediante los cuáles reasignó partidas presupuestarias durante su gestión para las obras de Báez. “Las conductas llevadas a cabo al firmar decretos solo revisten carácter de actos de gobierno de los cuales no se desprende la violación de los deberes de funcionario público. Quedamos frente a una cuestión política que cuyo acierto o desacierto se encuentra fuera del control de la justicia”, dijo Irachet.
Así, la UIF pidió la absolución de la vicepresidenta, de Báez, de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de José López, ex secretario de Obras Públicas; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.
La UIF sí entendió que cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Se trata de los ex funcionarios de menor rango del juicio. Para ellos solicitó una pena de un año de prisión en suspenso y de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, los abogados advirtieron que la acusación podría estar prescripta y le dejaron a los jueces del tribunal el análisis de esa situación.
Respecto de los ex funcionarios de Santa Cruz, la UIF sostuvo que tenían el deber de controlar las obras y que no lo hicieron ya que, por ejemplo, informaron que estaban terminadas cuando en rigor no y eso permitió que Báez cobre la totalidad de los pagos. Los abogados descartaron que Periotti, como titular de Vialidad Nacional, haya participado de la maniobra porque tenía un “control formal” a través del organismo de Santa Cruz y no directo.