En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, la jueza de control de General Pico, María Jimena Cardoso condenó a Edgar Alfonzo Correa, de 62 años, como autor material y penalmente responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumento privado; a la pena de dos años de prisión en suspenso.
Además le impuso por el plazo de dos años, las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio y no modificarlo sin dar previamente aviso al juez de ejecución de su pena y presentarse de manera bimestral ante la comisaría más próxima a su domicilio.
El acuerdo fue presentado por la fiscal general subrogante María Verónica Campo y el fiscal Sebastián Rawson Paz y el defensor oficial Héctor Freigedo. La parte querellante, representada por el letrado Ariel García, al ser informada sobre el acuerdo presentado prestó su conformidad.
Con las pruebas aportadas en la causa fu posible comprobar que durante el año 2017, Edgar Alfonzo Correa defraudó a la Administración Pública provincial, mediante: la falsificación de las firmas de la Directora y de la firmante conjunta, de cheques correspondientes a la Cuenta Corriente en Banco de La Pampa perteneciente al Colegio Secundario Héroes de Malvinas, de la localidad de Trenel y la utilización de cheques en su provecho para realizar gastos, pagos y negocios de índole particular, las cuales no se correspondían con erogaciones o actividades económicas propias del colegio, finalidad para la cual el Estado provincial dispusiera la apertura de la cuenta.
Constatándose sobregiros (“girada en descubierto”), depósitos y transferencias no provenientes de fondos públicos transferidos por el Ministerio de Educación en la misma cuenta corriente, a efectos de evitar que la citada cuenta culminara el día con saldo negativo (descubierto); lo cual se encuentra prohibido en la Administración Pública Provincial y sus respectivas dependencias (artículo 10º de Ley Provincial Nº 3 – de Contabilidad).
De los cheques emitidos sin contar con justificación ni relación con el giro normal de bienes y servicios permitidos por la reglamentación, algunos fueron pagados, otros rechazados por falta de fondos o por defectos formales; y en su mayoría superaban el monto máximo permitido, que para esa época era de $12.150,00, monto a partir del cual, la erogación debía contar con autorización del Coordinador de Zona.
El uso fraudulento de la cuenta corriente efectuado por Correa, generó un perjuicio a la Administración Pública provincial que, a octubre de 2017 ascendía a $141.949.
Asimismo, defraudó a la Administración Pública, al sustraer fondos dinerarios del sistema de transferencias de recursos educativos, utilizando la Tarjeta “Ticket Nación Escuela”, no habiendo presentado los comprobantes o recibos de pago correspondientes.
“Además de la falsificación de las firmas de los cheques con la consecuente afectación a la fe pública, Correa realizó otras maniobras tendientes a hacer incurrir en error a quienes entregaba los cheques, ya sea para cambiarlos por dinero en efectivo, o utilizándolos como medio de pago. Surge de las declaraciones testimoniales recibidas en sede del M.P.F. que Correa se presentaba como miembro de la cooperadora de la Escuela Héroes de Malvinas, o invocando el nombre del colegio refería que necesitaba cambiar cheques para hacerse de efectivo para realizar alguna tarea de mantenimiento de instalaciones o cubrir gastos de algún festejo que se haría en la institución; llegando a invocar que necesitaba cambiar los cheques para mandar dinero a San Luis por gastos de salud de su padre que estaba enfermo o que había sufrido un robo y necesitaba enviarle dinero a su hija que estaba estudiando en Bs. As. También los utilizó para el pago de alquileres de un inmueble del que era locatario. Cuando alguno de esos cheques era ‘rechazado’ por el banco, ante el reclamo de los tenedores, Correa, en algunas oportunidades se presentaba con el dinero en efectivo y pagaba, y otras veces daba excusas hasta dejar de responder llamados y reclamos de personas que nunca pudieron recuperar el dinero” , dijo la magistrada en el fallo.
La jueza también expresó que , “mientras tanto, hacía uso en su provecho, de la cuenta corriente de la institución educativa realizando movimientos que, además de estar prohibidos por la reglamentación correspondiente, generaron un perjuicio económico a la administración pública, en tanto iban siendo debitadas comisiones bancarias por ese uso indebido de la cuente corriente; además del perjuicio económico específico de la institución educativa que se vio privada de parte del dinero aportado por Nación, que fue utilizado fraudulentamente por Correa y de lo cual nunca se presentaron comprobantes”.
Cardoso compartió la figura penal acordada por las partes “toda vez que mediante artificios y faltando a la verdad en lo que decía, engañó a particulares para de ese modo lograr la disposición patrimonial que en muchos de los casos resultó perjudicial para estos y, en definitiva, para la administración pública por los gastos que generaba con su accionar defraudatorio”.