El escrito está fundado en las “irregularidades y arbitrariedades” que la magistrada cometió “desde el primer día, cuando se borró el celular de (Fernando André) Sabag Montiel”, el hombre que ese día le apuntó una pistola sobre la cabeza de Cristina Fernández.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, fundado en las “irregularidades y arbitrariedades” que la magistrada cometió “desde el primer día, cuando se borró el celular de (Fernando André) Sabag Montiel”, el hombre que ese día le apuntó una pistola sobre su cabeza.
A través de su cuenta de Twitter, Fernández de Kirchner confirmó la presentación realizada hoy por sus abogados y compartió el escrito en el que detallaron las anomalías que consideraron fueron cometidas en el marco de la investigación.
Los abogados de la vicepresidenta también cuestionaron la firma en la que la magistrada abordó la pista que conducía a un dirigente de la Nueva Centro Derecha (Hernán Carrol) a quien Sabag Montiel, mediante una carta escrita desde su lugar de detención, había designado para que le nombrara un abogado; y también por el manejo de la línea de investigación en la que surgió el nombre del diputado nacional Gerardo Milman.
“La decisión fue confiar en la imparcialidad de la Dra. Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores. A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”, sostuvieron los abogados en el comienzo de su escrito.
“La magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo”, afirmaron Ubeira y Aldazabal.
“Por la naturaleza del caso, su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”, continuaron los abogados.