La ONU destacó en un reciente informe la iniciativa de educación inclusiva que implementa La Pampa y la puso como ejemplo nacional. Se trata de una propuesta que comenzó hace casi dos décadas, transformándose en una de las primeras provincias de Argentina en impulsarla.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas publicó las “Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de Argentina”, las cuales fueron aprobadas en su 28º período de sesiones. “El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por parte de los Estados Partes”, se precisa en la página de ONU sobre su rol. En el documento se explica que el organismo “examinó los informes periódicos segundo y tercero combinados de Argentina”, los cuales recibió “con satisfacción”, y celebró “el diálogo fructífero y sincero mantenido con la delegación del Estado parte”.
Luego, el organismo planteó una serie de “aspectos positivos”, donde se resaltan “las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar la Convención desde que la ratificara en 2008”. También se mencionan las leyes impulsadas para promover los derechos de las personas con discapacidad, como la “Ley 26.858 (2013) que garantiza el derecho al acceso en lugares públicos, privados de acceso público y servicios de transporte, de los perros guía”, y la “Ley 27.655 (modificatoria de la 26.130) de 2021 que prohíbe la esterilización forzada de las personas con discapacidad”.
Por otro lado, el Comité expresa su “beneplácito” por “las medidas adoptadas para establecer un marco de políticas públicas en aras de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad”. En ese listado se incluye la jerarquización del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Observatorio de la Discapacidad en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, creado en 2021, el Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad (2013) y el Programa Buenos Aires Libre de Manicomios con avances en la inclusión en la comunidad de las personas institucionalizadas en los cuatro hospitales monovalentes de la provincia de Buenos Aires, incluyendo viviendas con apoyo, centros comunitarios de salud mental y subsidios para la externación.
En el inciso “N” se hace mención especial para nuestra provincia. Esto se debe a que el Comité de la ONU señala como aspecto positivo “la iniciativa de educación inclusiva en La Pampa”.
Si bien actualmente no es la única provincia, en su momento fue la primera en iniciar este camino para transformar el sistema educativo. “Es un reconocimiento de Naciones Unidas, que a nivel nacional resalta esta experiencia que tiene 20 años en La Pampa como un aporte más que significativo para la República Argentina. La señala casi como la única provincia que lo pudo llevar adelante, pero Formosa y Río Negro también hicieron avances como nosotros en los años subsiguientes. Hoy todas las provincias del país tienen su normativa, pero la hicieron en los últimos cinco años”, opinó la reconocida especialista en discapacidad Silvia Bersanelli ante la consulta de este diario.
Preocupaciones y recomendaciones
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas no solo destacó aspectos positivos. El organismo planteó en su informe preocupaciones y elaboró recomendaciones para el Estado nacional argentino.
En el documento al que accedió este diario, se observó “con preocupación” la persistencia del modelo médico en la legislación y las políticas con discapacidad. También se advirtió ante la “falta de actualización del Plan Nacional de Discapacidad, la falta de información sobre los avances del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas en Discapacidad y del Observatorio de la Discapacidad, y sobre el contenido del Anteproyecto de la nueva Ley de Discapacidad”.
Por otro lado, señaló el “poco alcance del Certificado Único de Discapacidad y las barreras existentes para obtenerlo, incluyendo administrativas, el insuficiente número de juntas evaluadoras interdisciplinarias especialmente a nivel provincial y la disparidad en los criterios aplicados para otorgarlo”. A su vez, mencionó las brechas de acceso “entre los grandes centros urbanos y la ruralidad en la prestación de servicios brindados a las personas con discapacidad”.
En ese sentido, el Comité recomendó “armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley sobre los derechos de las personas con discapacidad alineada con el modelo de derechos humanos, así como la reforma de la normativa sobre prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral para las personas con discapacidad y el sistema de certificación de la discapacidad”.
También pidió actualizar el Plan Nacional y “garantizar el acceso a la información sobre las acciones del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas en Discapacidad y del Observatorio de la Discapacidad, así como sobre el Anteproyecto de la nueva Ley de Discapacidad”. Otro de los ítems está vinculado a “redoblar esfuerzos para promover el acceso al Certificado Único de Discapacidad en todo el país y eliminar los obstáculos que dificultan su obtención, incluyendo la simplificación del procedimiento”.
Fuente: “La Arena”