El Gobierno les anticipó a un grupo de empresarios de la construcción que el plan de fuerte ajuste del déficit fiscal solo dejará margen para que continúen en funcionamiento los proyectos de obra pública que tengan al menos un 80% de avance que según fuentes privadas representaría apenas el 5% del total. En el sector aseguran que la actividad está prácticamente parada en su totalidad en todo el país y que por esa situación ya se registraron despidos por entre 50 y 60 mil empleados.
En la Pampa hay preocupación por las obras del Acueducto del Colorado Norte y los barrios Procrear en Santa Rosa, General Pico y Toay podrían paralizarse totalmente en las próximas semanas.
El ministro de Economía Luis Caputo se reunió el jueves pasado con empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), días después de la salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura y quien tuvo a su cargo la política de obras de infraestructura durante los primeros 45 días de gobierno libertario. El desarme de Infraestructura favoreció a Caputo, que pasó a ser el interlocutor central con el sector privado ligado a la construcción. Se espera que las secretarías de Obras Públicas, Vivienda y Transporte pasen a estar bajo el ala de Economía.
Los empresarios se llevaron como conclusión central que la prioridad para el equipo económico no será el financiamiento de la obras de infraestructura sino no alejarse ni poner en peligro la meta de déficit cero en las cuentas públicas este año. Eso tendrá como una de sus víctimas al fondeo desde el Estado a las empresas contratistas.
Entre las empresas del sector aseguran que la actividad “está prácticamente parada en todo el país”, según afirmó ante Infobae un ejecutivo que integra la cámara. La entidad declaró hace dos semanas el estado de emergencia para la obra pública y advirtió que tendría una repercusión inminente sobre la viabilidad de empresas y sobre la continuidad de puestos de trabajo. Otro empresario con una silla en el directorio de la cámara aseguró que en los últimos “dos o tres meses hubo despidos en el orden de entre 50 mil y 60 mil personas”.
Durante la reunión con Caputo los empresarios del sector plantearon al ministro que además del financiamiento de la continuidad de los proyectos, la cámara busca que el Palacio de Hacienda habilite pagos de certificados de obra impagos, una deuda que fuentes privadas estiman en los $350.000 millones. No es un monto, admiten, muy por encima de un promedio histórico, pero en las oficinas de Camarco temen que la dureza del ajuste fiscal haga que esos pasivos sean difíciles de cobrar.
El ministro de Economía prometió que antes de dar luz verde a esos pagos, buscará terminar una auditoría presupuestaria que ordenó la nueva gestión de gobierno para pasar en limpio el monto definitivo de deuda que acumula el fisco. Un punto central de la reunión tuvo que ver con la discusión que versa sobre qué obras ya con algún grado de ejecución podrán contar con fondeo público y cuáles no.
Los empresarios consultados por Infobae coincidieron en que el mensaje que bajó desde el Poder Ejecutivo fue que las obras que podrían contar con algún tipo de financiamiento presupuestario serán aquellas que tengan un nivel de avance de 80% o mayor. Fuentes privadas estiman que se trataría de apenas el 5% de las obras iniciadas. Las restricciones fiscales determinarán si finalmente Economía concede o no ese fondeo a las contratistas.