Este jueves inicia el período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de La Pampa. Los legisladores tendrán como tarea primordial resolver la integración de las comisiones parlamentarias. Además, se dará ingreso a dos proyectos enviados por el gobierno provincial: uno referente al aporte solidario y otro que busca permitir que el gobierno provincial se haga cargo de la continuidad de las obras públicas detenidas debido a la decisión del presidente Javier Milei de retirar su financiamiento.
La polémica en torno a la constitución de las comisiones legislativas ha cobrado fuerza en los últimos días y se espera que la cuestión se defina finalmente en el recinto parlamentario.
Este año, la Legislatura provincial adquiere un papel destacado en el debate político debido a la igualdad de representación entre los diputados del oficialismo y de la oposición, con 15 miembros cada uno. Esto implica que el partido justicialista no cuenta con quórum propio para sesionar. La oposición ha anunciado su intención de utilizar esta situación como una herramienta para bloquear las sesiones hasta que el oficialismo acceda a un diálogo más abierto.
Actualmente, la Legislatura se divide en cuatro bloques: el oficialista Frejupa con 15 legisladores, la UCR con 7, la alianza PRO-MID con 6 y Comunidad Organizada con 2. A pesar de esta paridad, el oficialismo conserva la ventaja en caso de empate gracias al voto de desempate del presidente de la Legislatura, Mayoral.
Sin embargo, el bloque oficialista no es homogéneo. La mayoría de sus legisladores responden al liderazgo del exgobernador Carlos Verna. Entre ellos, destacan los diputados Daniel Lovera y Hernán Pérez Araujo, quienes mantienen una estrecha comunicación con Verna. Por otro lado, desde Convergencia, Espartaco Marín lidera un grupo minoritario que busca mantener un equilibrio en el bloque. A pesar de estar en minoría, algunos legisladores siguen las directrices del gobernador Sergio Ziliotto, como los kirchneristas María Luz Alonso y Martín Balsa.
En esta primera sesión del año, se dará ingreso a dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Provincial. Uno de ellos busca garantizar la continuidad de la obra pública que ha sido desfinanciada por el gobierno nacional, una preocupación compartida por las empresas constructoras y el gremio de la UOCRA. El otro proyecto propone la creación de un “aporte extraordinario solidario” destinado a garantizar el acceso a alimentos para los sectores más vulnerables. Este impuesto afectaría al sector financiero y a los altos salarios públicos, excluyendo al sector productivo. La oposición ya ha manifestado su oposición a este proyecto, mientras que desde el bloque oficialista se sugiere la posibilidad de introducir modificaciones para mejorarlo.
Fuente: El Diario