Días antes de la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina por la causa AMIA, el juez federal Ariel Lijo decidió declarar de acceso público el informe elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación (SIDE) titulado “Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores”.
Se trata de un paper elaborado con datos de la CIA que fue denominado internamente como “informe Toma” porque fue elaborado por el ex jefe de la SIDE durante la gestión de Eduardo Duhalde, Miguel Ángel Toma, y confirma que Irán estuvo detrás de la organización del atentado.
Además, revela detalles sobre el rol de la personas que perpetraron el ataque y sus contactos en Paraguay, Chile y Brasil. También hace mención al paso por Argentina de Samuel El Reda, uno de los líderes de la célula de Hezbollah acusada de volar la AMIA.
Al respecto, Toma explicó que la Justicia desclasificó en realidad el “nodo” central, una suerte de resumen de unas 200 páginas que reúne la información más importante de un plexo mayor de cerca de 10 mil fojas. Son investigaciones que, además, reunieron material probatorio útil para tomar decisiones judiciales.
“Arribado el 18/07/1994, fecha en que se produjo la voladura de la AMIA, se encuentra determinado que quien condujo el coche bomba inmolándose a consecuencia de dicho accionar fue el miembro del Hezbollah el libanés Ibrahim Hussein Berro quien había ingresado días antes a la Argentina por la zona de la Triple Frontera procediendo de Líbano”. Así se desprende del informe elaborado en 2003 por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación (SIDE) titulado “Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores”.
Allí se brindan informes sobre cómo funcionaba el aparato de inteligencia iraní, cómo se financiaba, cómo eran sus vínculos con las estructuras del Estado iraní y su política exterior, cómo usaban empresas de cobertura y cómo se movían los grupos, sin contacto entre ellos, hasta el momento de llevar adelante el ataque. También de los movimientos de los hermanos “El Reda”, la historia de los “superdólares” y el foco en la Triple Frontera.
Los “denominados superdólares” son billetes falsificados cuyas irregularidades fueron muy difíciles de detectar incluso para las autoridades. Están ligados a Abdallah El Reda, aquí conocido como José El Reda, quien se convirtió en prófugo hace dos años de la causa AMIA. En los años 90, los “superdólares” circularon por distintas partes del mundo como si fuera dinero de curso legal.
Para los seguidores de la causa, el contenido de ese documento no es nuevo. De hecho, mucha de esa prueba cimentó las acusaciones del fiscal Alberto Nisman cuando pidió capturas de los iraníes que están prófugos acusados del haber organizado la voladura de la mutual judía. Sin embargo, la desclasificación que ordenó días atrás el juez federal Ariel Lijo permite a los familiares y conocedores de los detalles del caso hablar del contenido de ese informe sin violar ningún secreto de inteligencia; y a los ciudadanos comunes, conocerlo.
“El informe Toma sirvió para plantear el trabajo de los organismos de inteligencia frente al atentado a la AMIA. Hay un montón de elementos que la exSIDE afirmó, usó y estableció pero desde el punto de vista de la inteligencia. Algunas pudieron plasmarse con pruebas en la causa, otras no”, sostuvo en diálogo una fuente judicial. “Eso no quiere decir que no sea cierto lo que se plantea, quiere decir que no todo está probado judicialmente”.
Otro de los abogados que participó activamente en la causa subrayó: “Es un informe que tiene 21 años y en 2003 no se hizo público pero se contó en detalle; después se pudo mostrar testado, ahora se puede mostrar sin testar”.
De acuerdo al documento desclasificado, la entonces SIDE analizó por qué se había elegido Argentina para el ataque, cómo operaba Hezbollah y cómo funcionaban sus células en la Triple Frontera. Determinó que la Argentina era vista por el régimen iraní como “una segunda Israel”, por ser el tercer país con mayor cantidad de habitantes de origen judío y su “injerencia en el gobierno argentino”, pero “más seguro para llevar adelante operaciones y actividades de inteligencia y terrorismo” en relación con “países sudamericanos como Chile y Brasil”.
“La región ofrecía la posibilidad de establecer un “Estado Islámico a futuro”, en el que propague el Islam y a la vez se neutralicen las actividades de Israel en la Argentina y se combata el sionismo argentino”, puntualiza también el paper.
“La Argentina brindaba para el régimen iraní -continúa-, además de un amplio margen para el desarrollo de actividades de propaganda sobre la Revolución Islámica de Irán, facilidades para la tramitación de visas y para el ingreso de agentes al país, motivo por el cual los objetivos judíos, en particular el ‘centro judío argentino’ (sic) era considerado y registrado como un objetivo de terrorismo”.
El texto señala que hubo durante la década del 80 y comienzos del 90 se fortalecieron las relaciones comerciales y el intercambio “tecnológico, militar y nuclear” entre Argentina e Irán, hasta que se decidió interrumpir esa cooperación. En este contexto, hubo una “política de acuerdos”, que “no era más que un método de extorsión y chantaje” de Irán hacia Argentina “desde los niveles más altos del régimen”.
“Existen suficientes elementos de convicción que permiten afirmar que el atentado a la embajada de Israel preparado el 17/03/92 fue un ejemplo de las herramientas utilizadas por el régimen iraní en el contexto de la denominada política de acuerdos en razón de haberse suspendido entre otros la asistencia comprometida por la Argentina en materia tecnológica y nuclear”, sostiene también. Y el reporte señala que el atentado a la AMIA fue una “represalia” porque el Gobierno dispuso cesar en forma definitiva dicha asistencia. Aborda la forma en que se trasladaban los explosivos, cómo la diplomacia iraní era una “fachada enmascarada” para “exportar la revolución islámica mediante el accionar terrorista” y los nombres de los “funcionarios iraníes que terminarían siendo acusados por la justicia argentina.
En otro de los puntos, se hace una mención a lo que se conoce en la causa como “pista Siria”. “Sin perjuicio de todo lo expuesto, no puede perderse de vista que las relaciones Irán-Siria eran un elemento de suma importancia en la geopolítica de Medio Oriente, así como que el Hezbollah libanés, de inspiración iraní, quedaría militarmente paralizado sin el apoyo directo o indirecto de Damasco”, señale el texto.
“Si bien no se encuentra determinada la participación de Siria en el atentado perpetrado contra la AMIA, existen suficientes elementos para pensar que el régimen de Damasco cuanto menos tenía un conocimiento previo acerca de que se llevaría adelante la operación terrorista”, concluye.
La presencia en la Triple Frontera
El informe remarca que en las localidades de Ciudad del Este, en Paraguay, y en Foz de Iguazú, del lado de Brasil, existe un asentamiento libanés shiíta en el que se encuentran “adeptos de la organización terrorista Hezbollah libanés”. “En dicha zona, se encuentra montada una representación del grupo armado encabezada al tiempo de los atentados a la embajada de Israel y al edificio de la AMIA por Farouk Omairi, quien se constituía en el principal contacto con los emigrantes de origen árabe, a los fines de facilitar la obtención de pasajes y visas”, agrega.
El escrito también puntualiza sobre el financiamiento de las “células dormidas” del grupo terrorista. Estas últimas se sostenían a través de “comerciantes fuertes” miembros de Hezbollah, “a través de una protección de tipo económico, suministrándoles lugares, mercaderías y todos los elementos necesarios para que ellos se dediquen a actividades comerciales”. En la práctica, según el reporte, ocurría que estas personas llegaban con escasa cantidad de dinero, alquilaban un negocio y luego realizaban actividades comerciales legalizadas apañadas por su “protectores”.
“El régimen de Teherán realizaba permanentes inversiones en la zona, y esto también le permitía al Hezbollah libanés recurrir a la cooperación de los residentes libaneses para obtener divisas, documentos, pasajes y casas seguras para proteger aquellas personas enviadas como miembros de los grupos operativos”, agrega el documento.
En este apartado, se mencionan varios de los referentes que operaban en la Triple Frontera y que estaban ligados a las organizaciones terroristas, entre ellos, el sheij iraní Mohsen Tabatabaei Einaki, el mencionado Faourk Omairi, Ali Hatem, Khodor Sobh, Alí El Haj El Hadi, Ahmed Ali Haitam Saad, Ali Hussein Kamar, Hussein Tormos, Samuel Salman El Reda Reda, Mohamad Sultan, Ahmad Hoteit y Hassan Hamadi.
La mirada de Toma
“En ese trabajo se detalló y ofreció a la Justicia una visión completa de las empresas de cobertura que tenía Irán, la metodología de accionar de las mezquitas y toda la red de inteligencia iraní que resolvió cómo y cuándo ejecutar el atentado”, precisó el ex jefe de la SIDE Miguel Ángel Toma, cuyo apellido se usa para hablar de este informe. “El informe pudo exponer la matriz que actuó y que fue responsable de matar a 85 argentinos, más los de la Embajada, porque fue la misma estructura la que actuó”, añadió.
Las conclusiones del informe Toma coinciden con las de una investigación realizada por la Mossad -agencia de inteligencia de Israel-, que fue revelada públicamente en julio del 2022, al cumplirse 28 años del ataque terrorista. El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel concluyó que Irán y Hezbollah son los responsables directos del atentado fundamentalista que el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de la mutual judía en Buenos Aires.