La denuncia penal por el derrumbe del techo de la sede central de la CPE, en Santa Rosa, fue archivada por la Justicia.
La decisión la tomó el fiscal Facundo Bon Dergham. “No resulta posible determinar si los imputados con su conducta, ya sea por acción u omisión, provocaron el estrago denunciado, no advirtiendo durante la investigación un nexo de causalidad suficiente o relación directa entre la posible violación al deber de cuidado atribuida, y el resultado del colapso verificado en dicho edificio”, resolvió el fiscal en una resolución de cuatro hojas.
“Razón por la cual, ante la imposibilidad de reunir elementos de pruebas de convicción suficientes que permitan establecer que el hecho denunciado constituyera el delito de estrago como así también que ese hecho delictivo denunciado haya sido provocado por la responsabilidad penal de Alfredo Carrascal, Daniel Pedernera, Javier Rojas y Fernando Luis Usero, es que se procede al archivo”, completó.
El derrumbe, que no provocó víctimas, ocurrió el 1° de enero de 2023. El fiscal detalló que se incorporó a la investigación un informe técnico de evaluación de la estructura que sufriera el colapso ocurrido, que fue elaborado por la firma ENGIneering Asociados, a cargo de los Ingenieros Civiles Julián Cinquemani y Enrique Adolfo GIL. La evaluación tuvo por objeto establecer la capacidad portante original de la loza, las posibles causas de su derrumbe, y los posibles daños de su estructura lindante.
“Los expertos determinaron, luego de hacer un análisis técnico detallado, que el colapso de la losa tuvo como posibles causas las siguientes: 1) Error de diseño inicial; 2) Agregación de cargas no contempladas en su diseño original; 3) Alambres de tensados afectados por la corrosión; y 4) Cubierta con impermeabilización deficiente. Presumiendo los ingenieros, que el factor desencadenante del colapso, fue la fuerte lluvia, que precedió al evento”, manifestó el fiscal.
“En lo que respecta a la investigación, un período temporal muy extenso entre las causales que determinaron el colapso, ya que, desde el posible error en el diseño original de la loza, hasta el colapso mismo, transcurrieron al menos 50 años. Igual, situación pasa con las restantes modificaciones o agregados realizados sobre la misma”; dijo.
La investigación se llevó a cabo bajo la hipótesis de un delito caratulado como estrago doloso. Se investigó si hubo una conducta imprudente o negligente o antirreglamentaria por parte de las autoridades de la CPE. Y si existió nexo causal directo entre esa conducta y la omisión y el resultado final.
Las áreas involucradas en la investigación fueron la presidencia del Consejo de Administración, ejercida en ese momento por Alfredo Carrascal; la del gerente general, Luis Usero; la gerencia de Recursos Humanos, de Javier Rojas; y la sindicatura de Raúl Pedernera. El exgerente Ariel Martínez ocupó ese cargo hasta fines del año anterior, cuando se jubiló.