La gente anda diciendo que algo no cierra. Que los números no dan, que el ajuste lo pagan siempre los mismos y que las promesas de libertad y prosperidad parecen cada vez más lejanas. La semana que pasó dejó en evidencia que el rumbo económico y político del gobierno de Javier Milei profundiza la desigualdad y multiplica la incertidumbre.
El anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares reactivó fantasmas del pasado. La letra chica del entendimiento exige un superávit fiscal del 1,3% del PBI, la acumulación de reservas por 4.000 millones y la liberación progresiva del tipo de cambio. En otras palabras: más recorte, menos gasto público y mayor exposición del país a los vaivenes del dólar. El gobierno lo presenta como una señal de confianza internacional; en la calle, sin embargo, se siente como una presión más sobre bolsillos que ya están al límite.
Mientras tanto, la inflación sigue castigando el poder adquisitivo. Aunque los números oficiales muestran cierta desaceleración, la realidad cotidiana contradice los gráficos. El consumo baja, los negocios vacíos se multiplican y los salarios corren detrás de precios que no paran de subir. El famoso “shock de confianza” nunca llegó, y la paciencia social comienza a agotarse.
En este contexto, el Ejecutivo avanza con una ambiciosa reforma tributaria que promete eliminar el 90% de los impuestos nacionales. La medida se presenta como una apuesta por la eficiencia y la libertad económica, pero deja serias dudas sobre su viabilidad y sobre cómo se garantizarán servicios básicos como salud, educación o seguridad sin una estructura fiscal sólida. Además, sigue sin resolverse el conflicto con las provincias, ahogadas financieramente por un esquema cada vez más concentrado en el poder central.
En el plano político, el gobierno continúa tensionando sus vínculos con distintos sectores de la sociedad. La conflictividad con las universidades públicas, los gremios y hasta con el Poder Judicial no parece tener pausa. Esta semana, la renuncia del juez García-Mansilla a la Corte Suprema, luego de su cuestionado nombramiento por decreto, reavivó las críticas sobre las formas del oficialismo. A esto se suma el cierre de la agencia Télam, un hecho que genera preocupación en el ámbito del periodismo por su impacto en el derecho a la información y el pluralismo de voces.
Pese a todo, desde el Gobierno se insiste en que se está “reconstruyendo la Argentina”. Sin embargo, en muchos rincones del país, lo que se ve no es reconstrucción, sino derrumbe. Y en ese derrumbe, la gente anda diciendo que hay que volver a mirar hacia abajo, hacia quienes más necesitan, hacia quienes ya no pueden esperar.