La gente anda diciendo que esta semana el ajuste volvió a golpear con fuerza: mientras el Gobierno insiste en hablar de “orden fiscal”, muchos ya sienten que la estabilidad es un espejismo que se paga caro.

Se comenta que la suba del boleto de colectivo en el AMBA —casi un 10 % desde el lunes 17— es apenas la punta del iceberg. Y aunque la inflación mostró “mayor estabilidad”, los economistas advierten que no será suficiente para frenar el impacto de nuevos aumentos en tarifas, transporte y alimentos. La gente anda diciendo que este “orden” suena lindo en los discursos, pero en la vida real se traduce en boletas más altas y menos poder adquisitivo.

También se señala que las políticas sociales podrían quedar afuera de la manga presidencial: con el presupuesto 2026 en discusión y las reformas estructurales a la vuelta de la esquina, hay quienes temen un recorte más profundo. Algunos analistas ya hablan de un modelo que redefine al Estado: menos gasto público, menos intervención y más carga para los ciudadanos.

No es casualidad que los movimientos sociales y sindicales no bajen los brazos. Se supo que organizaciones populares se preparan para una nueva marcha, exigiendo un salario mínimo digno que compense la pérdida de valor del salario frente a la inflación. La gente anda diciendo que el ajuste no puede seguir recayendo sobre los más vulnerables, y que el reclamo no es capricho: es necesidad.

Y sí, hay otra advertencia en el aire: el ajuste no solo se ve en los precios y en las marchas, sino también en la vida de quienes ya no tienen dónde recurrir. La austeridad sin red social es un camino peligroso.

Porque gobernar no es solo ordenar cuentas; es garantizar que el pueblo pueda vivir con dignidad.