La gente anda diciendo que los fantasmas del ajuste volvieron a recorrer las calles del país con paso firme —aunque muchos pretenden disfrazarlo de normalidad.
La inflación sigue golpeando fuerte: el mes de octubre cerró con un aumento del 2,3 % del índice de precios al consumidor, empujando el acumulado anual por encima del 31 %. Las facturas de servicios, los alimentos —sobre todo la carne— y el transporte urbano acumulan subas consecutivas; la canasta básica vuelve a ser un lujo que no todos pueden alcanzar. La gente anda diciendo que la “normalidad económica” anunciada por el gobierno suena a burla cuando la mesa del trabajador se cae de hambre.
Se comenta también que la industria Argentina sigue de capa caída: el nivel de utilización de la capacidad instalada ronda apenas el 58 %, con fábricas paralizadas y abandono de actividad productiva. Mientras tanto, sectores comerciales y pymes alertan despidos y quiebras silenciosas. La gente anda diciendo que el crecimiento económico del que hablan en los despachos no se ve reflejado en los barrios ni en los puestos de trabajo.
Por otro lado, el debate social se reaviva: las organizaciones populares y sindicales vuelven a exigir un salario mínimo digno, ajuste del gasto social, subsidios que garanticen dignidad ante los aumentos, y políticas reales de empleo estable. Se vuelve a escuchar en las plazas y en los sindicatos una consigna vieja como el país: “Trabajo, pan y dignidad”. La gente anda diciendo que no pueden seguir esperando mientras las luces suben y los bolsillos se vacían.
Y se dice también que no alcanza con promesas globales, discursos optimistas o ajustes contables. Que lo que importa es que la vida de la mayoría mejore: disponibilidad de trabajo, salarios reales, defensa del bolsillo popular. Que la política deje de ser un juego de números y vuelva a ser herramienta de justicia social.
Porque gobernar no es solo equilibrar cuentas: es asegurar que cada argentino viva con dignidad.