La gente anda diciendo que esta semana dejó al Gobierno de Javier Milei frente a una realidad que ya no alcanza con disimular detrás de discursos optimistas. Mientras el Presidente recorre escenarios internacionales hablando de inversiones y transformaciones históricas, los indicadores económicos muestran señales preocupantes: la actividad no termina de arrancar, el consumo sigue golpeado y el riesgo país volvió a superar los 700 puntos. Hasta el propio mandatario reconoció que algunos indicadores no evolucionan como esperaban. Parece que, de a poco, la realidad empieza a discutirle el relato al Gobierno.

En los pasillos del Congreso también hubo novedades. El oficialismo tuvo que negociar y aceptar modificaciones para conseguir avances en proyectos vinculados con la discapacidad y la propiedad privada. Después de meses de sostener posiciones inflexibles, aparecieron las concesiones. Dicen que la política es el arte de construir acuerdos, aunque algunos parecen descubrirlo recién cuando los votos no alcanzan. Y si hay algo que demuestra esta semana es que gobernar no consiste solamente en imponer una voluntad, sino también en escuchar a quienes piensan diferente.

Uno de los temas que más movilizó fue el debate por la discapacidad. Después de reclamos de familias, prestadores y organizaciones, Diputados dio media sanción a un proyecto que contempla actualizaciones de prestaciones y otras garantías para el sector. Cuesta entender por qué quienes necesitan acompañamiento, tratamientos y atención deben pasar meses reclamando por derechos básicos. Detrás de cada expediente hay personas, familias que hacen malabares y trabajadores que sostienen servicios esenciales mientras esperan cobrar lo que les corresponde. La discusión fiscal puede ser necesaria, pero ninguna cuenta debería cerrar a costa de dejar a los más vulnerables sin respuestas.

También quedó expuesta una contradicción difícil de ignorar en materia de soberanía. El Gobierno suele levantar las banderas nacionales y reivindicar el reclamo argentino sobre Malvinas, pero ahora la iniciativa para sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas quedó atravesada por las objeciones de Estados Unidos. El proyecto tuvo que postergarse mientras se evalúan cambios que podrían afectar intereses empresariales norteamericanos. En definitiva, cuando la defensa de nuestros recursos choca con los intereses de un socio poderoso, aparece la pregunta de siempre: ¿hasta dónde llega la soberanía cuando hay negocios de por medio? Porque las Malvinas no son una consigna para los discursos; son una causa nacional que exige coherencia y firmeza.

Por el lado de la economía, las noticias tampoco invitan a brindar. Las ventas en supermercados acumularon una caída interanual durante los primeros ocho meses del año y la actividad continúa mostrando dificultades para recuperarse. A eso se suma el anuncio de un nuevo programa de retiros voluntarios con el que el Gobierno pretende reducir otros 20.000 puestos en la administración pública. Desde la Casa Rosada lo presentan como una búsqueda de eficiencia y reducción del gasto. Del otro lado están los trabajadores que no saben si conservarán sus ingresos y las familias que dependen de ellos. Se habla mucho de achicar el Estado, pero bastante menos de qué sucede con las personas que quedan del otro lado de la puerta.

Y mientras el discurso oficial insiste en que el crecimiento está a la vuelta de la esquina, las universidades públicas vuelven a preparar medidas de fuerza. Los docentes universitarios anunciaron una semana de paro desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre, con adhesión de la Universidad Nacional de La Pampa. Otra vez, quienes enseñan e investigan deben recurrir a la protesta para reclamar por sus condiciones laborales y el financiamiento de la educación superior. Resulta curioso que un país que dice apostar al futuro mantenga en permanente incertidumbre a sus universidades. No hay desarrollo posible si se debilitan los espacios que forman profesionales, producen conocimiento y abren oportunidades para quienes no pueden pagar una institución privada.

En paralelo, el peronismo pampeano empieza a mover sus piezas de cara a los desafíos electorales que vienen. La reorganización de la Juventud Peronista y los llamados a construir unidad vuelven a poner en primer plano la necesidad de ordenar la casa sin perder de vista para qué existe una fuerza política. Las diferencias internas forman parte de cualquier espacio democrático, pero hay momentos en los que discutir nombres y lugares no puede estar por encima de construir una alternativa para quienes están sufriendo las consecuencias del modelo económico. La unidad no se declama en una foto: se demuestra con participación, generosidad y un proyecto que vuelva a poner al pueblo en el centro.

La semana termina con un Gobierno que necesita negociar en el Congreso, una economía que todavía no logra despegar y sectores sociales que continúan reclamando respuestas. Quizás el mayor problema del oficialismo sea haber confundido durante demasiado tiempo la firmeza con la intransigencia y el orden fiscal con la solución de todos los problemas. Los números importan, claro que sí, pero también importan las personas que viven detrás de cada estadística.

Porque un país no se construye solamente con mercados, inversiones o promesas de crecimiento. Se construye con trabajo digno, educación pública, salud, producción nacional y oportunidades para las mayorías. Y si algo nos enseña la historia argentina es que ningún proyecto puede sostenerse indefinidamente dándole la espalda a su propio pueblo.