Ayer, la justicia electoral Brasil determinó por mayoría inhabilitar al expresidente Jair Bolsonaro a presentarse a cargos públicos hasta 2030, al condenarlo por abuso de poder por diseminar mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema de comicios brasileño ante embajadores de países extranjeros. El Tribunal Superior Electoral logró la mayoría de cuatro votos sobre siete con el sufragio de la jueza Carmen Lúcia Antunes, que condenó al ultraderechista Bolsonaro a no presentarse en las elecciones presidenciales de 2026, ni en las municipales de 2024 y 2028.
La jueza Cármen Lúcia votó a favor de condenar a Bolsonaro, formando así una mayoría de 4-1. “Inmediatamente, con todos los respetos del eminente ministro Raul Araújo, anuncio a su excelencia y a los señores ministros que estoy acompañando al ministro ponente por la parcial procedencia, con la aplicación de la sanción de inelegibilidad al primer investigado, Jair Messias Bolsonaro”, dijo la jurista brasileña.
El jueves, tres de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) habían votado a favor de la condena, y uno, Raul Araújo, en contra. Aun falta que voten los ministros Alexandre de Moraes y Kassio Nunes Marques. Sin embargo, con el voto de Lúcia, la corte brasileña alcanzó la mayoría necesaria para inhabilitar al expresidente.
Bolsonaro, ausente en todas las sesiones del juicio iniciado la semana pasada en la sede del TSE en Brasilia, tampoco compareció el viernes. En este momento se encuentra en Belo Horizonte, donde almorzará con miembros de su Partido Liberal (PL), informó la agrupación. El expresidente, que perdió la elección en octubre ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por estrecho margen, defiende su inocencia. “No cometí ningún delito al reunirme con embajadores. Querer quitarme los derechos políticos por abuso de poder político es inexplicable”, dijo el jueves a periodistas.
El caso se centra en un evento con diplomáticos organizado por Bolsonaro en la residencia presidencial de la Alvorada, en el que aseguró sin pruebas que buscaba “corregir fallas” del sistema de urnas electrónicas con la “participación de las Fuerzas Armadas”. En su discurso, transmitido por la TV pública y las redes sociales, Bolsonaro dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado en su contra, algo que repitió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral contra Lula.
El instructor del caso, Benedito Gonçalves, asoció a Bolsonaro a un “discurso violento y mentiras” que pusieron “en jaque la credibilidad de la justicia electoral”, y dijo que la reunión con los diplomáticos “sirvió para incitar un estado de paranoia colectiva” sobre el sistema electoral. El discurso de Bolsonaro se convirtió en una “narrativa delirante con efectos nefastos para la democracia”, y no se trató de un acto aislado, sino de algo “concatenado estratégicamente a lo largo del tiempo, con fines electoreros”, apuntó por su parte el juez André Ramos Tavares.
La inhabilitación política dejaría a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas presidenciales en 2026 y abriría una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras. ras la derrota en el ballottage de octubre (por 50,9% frente a 49,1% de los votos), bolsonaristas radicales cortaron carreteras y acamparon frente a cuarteles de todo el país pidiendo una intervención militar.
El 8 de enero, una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, del Congreso y de la corte suprema en Brasilia. El ultraderechista enfrenta más de una decena de otros procesos administrativos en el tribunal electoral y es objeto de cinco investigaciones en la corte suprema, con penas susceptibles de prisión.