Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil los acusa de “actos de terrorismo” entre otros graves delitos.
El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, decretó prisión preventiva por tiempo indefinido para 140 detenidos por su participación en el asalto a las sedes de los tres poderes el domingo 8 de enero, informó hoy miércoles la corte.
Según un comunicado del STF, el magistrado consideró que hay pruebas de que esos 140 detenidos en flagrancia cometieron delitos como actos terroristas, incluidos preparatorios, asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, amenaza, persecución e incitación al delito.
El juez, que justificó su decisión por la necesidad de garantizar el orden público y “la eficacia de las investigaciones”, explicó que “hay pruebas en los autos de participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para intentar desestabilizar las instituciones republicanas”.
En otros 60 casos, el magistrado consideró que no se habían presentado pruebas de violencia y vandalismo, por lo que decretó la libertad provisional con la aplicación de medidas cautelares, como el uso de una tobillera.
Las medidas son resultado del primer análisis de 200 casos de un total de 1.459 audiencias de custodia realizadas entre el 13 y el 17 de enero de las personas detenidas en flagrancia por los incidentes.
En la tarde del 8 de enero, miles de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, y los edificios del Congreso y la Corte Suprema, donde provocaron graves daños materiales.
Muchos de los participantes, que mantenían un campamento frente el Cuartel General del Ejército, fueron detenidos el lunes 9, aunque en los siguientes días fueron liberados adultos mayores y madres con hijos pequeños.
La legislación del país determina que la prisión preventiva puede ordenarse para garantizar el orden público, el orden económico, la conveniencia de una investigación criminal o la aplicación de la ley penal.
Fuente: Xinhua