El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció ayer al exalcalde de San Paulo Fernando Haddad como su ministro de Economía y a Mauro Vieira como ministro de Relaciones Exteriores, un cargo que ya ocupó durante el Gobierno de Dilma Rousseff, al brindar una conferencia de prensa de Brasilia.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) comunicó también al senador electo Flávio Dino como ministro de Justicia, al exdiputado José Múcio Monteiro al frente de Defensa y al gobernador del estado Bahía, Rui Costa, como ministro de la Casa Civil (jefe del Gabinete).
Haddad es Abogado, político y profesor de universidad. Tiene 59 años. Con una maestría en Economía y un doctorado en Filosofía, es un hombre de la máxima confianza de Lula, quien asumirá el 1 de enero por tercera período.
El nuevo funcionario fue ministro de Educación entre 2005 y 2012, durante buena parte de los Gobiernos del PT, primero con Lula (2003-2010) y luego con Dilma Rousseff (2011-2016). Ahora se pondrá al frente de una de las carteras más poderosas del Gobierno, después de haber perdido tres elecciones consecutivas.
Haddad perdió la reelección a alcalde de Sao Paulo en 2016, las presidenciales de 2018 ante Jair Bolsonaro, en las que sustituyó a un Lula impedido de presentarse desde la cárcel, y este año no pudo contra un exministro del líder ultraderechista en la carrera por la Gobernación de Sao Paulo otra vez.
Ayer, el proyecto que presentó el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva para garantizar fondos para ayudas sociales avanza en el Congreso de Brasil. El Senado aprobó la enmienda constitucional que permitirá cumplir la promesa de Lula de mantener las ayudas sociales durante los primeros dos años de su Gobierno.
El texto, que libera para el futuro gobierno 145.000 millones de reales (28.000 millones de dólares) fuera del techo de gastos en los próximos dos años, obtuvo anoche una amplia mayoría de los 81 senadores (64-16 y 64-13) en dos votaciones consecutivas en la cámara alta. “Es una PEC (enmienda constitucional) de salvación nacional, un pacto de la sociedad brasileña contra el hambre”, defendió el senador Marcelo Castro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, coautor del proyecto, durante el debate.
Su colega Marcos Rogerio, del Partido Liberal del presidente saliente Jair Bolsonaro, aseguró que el texto representa un “cheque en blanco” para el Gobierno de transición. “El país corre un serio riesgo de volver al escenario de 2015 y las conocidas ‘pedaladas’ fiscales”, afirmó, en referencia al maquillaje de cuentas públicas por el que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), delfín de Lula.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y los partidos que integraron la coalición que salió victoriosa en octubre desplegaron toda su maquinaria política para trabajar en el Legislativo en favor de la aprobación de esta PEC, una norma que por alterar la Constitución requiere de una mayoría especial de 3/5 de los miembros del Senado y 3/5 de los integrantes de Diputados.
El Gobierno de transición inicialmente pedía hasta 198.000 millones de reales fuera del techo de gasto y por un plazo de cuatro años. Los mercados siguieron con nerviosismo los debates ante los temores de un aumento desmedido del gasto público durante el gobierno de Lula.