El tema, uno de los que desata más resistencia en sectores conservadores chilenos, recobró fuerza estos días en el debate político del país que el 4 de septiembre celebrará un plebiscito para aprobar o no una nueva Carta Magna, que garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto vigente desde 1973 en ese país, irrumpió de lleno en el candente debate político en Chile, que en septiembre resolverá en un plebiscito si aprueba una nueva Constitución que garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación.
El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia Roe vs. Wade de 1973, que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto en ese país y dejó en manos de cada estado la potestad de autorizarlo o no.
Roe vs. Wade, y la legalización del aborto en Cuba en 1961 fueron los primeros antecedentes de este derecho en el continente.
El tema, uno de los que desata más resistencia en sectores conservadores chilenos, recobró fuerza estos días en el debate político del país que el 4 de septiembre celebrará un plebiscito para aprobar o no una nueva Carta Magna, un giro político fundamental logrado tras las colosales movilizaciones del estallido social iniciado en octubre de 2019 .
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH y expresidenta chilena, Michelle Bachelet, calificó el fallo de “golpe a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género”, y “supone un gran paso atrás después de cinco décadas de protección de la salud sexual y reproductiva”, recordó la agencia de noticias AFP.
Desde el viernes el tema copa programas de TV y radio, además de las redes sociales en Chile, donde proliferan las acusaciones cruzadas y noticias falsas (fake news) .
La imagen de la congresista demócrata estadounidense de origen portorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez en las manifestaciones contra decisión de Tribunal, parafraseando la presentación del grupo chileno Las Tesis y recitando “El patriarcado es un juez. Que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo. Es la violencia que no ves” fue reenviado miles de veces en perfiles de Twitter e Instagram de usuarios chilenos.
La potente ola feminista que surgió en Chile en los últimos años logró, además de conformar un equipo con fuerte presencia femenina en el Gobierno del presidente Gabriel Boric, incluir el derecho al aborto en la nueva Constitución, que de ser aprobada en septiembre pondría a ese hasta ahora conservador país, a la vanguardia mundial en la materia.
Se trata de una discusión que todavía divide aguas, aunque ahora enmarcada en una situación muy distante de los tiempos en que la Iglesia Católica imponía su veto a discreción.
Una encuesta de la consultora Ipsos de septiembre del año pasado mostró que 73% de los chilenos aprueba el derecho al aborto en general y 41% considera que debería ser completamente libre.
Tras varias pulseadas al interior de la Convención Constituyente de 154 miembros, que presentó el texto que será sometido a referendo, quedó incorporado el artículo 16 que afirma que el Estado “garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación”.
Será “con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.
La norma no establece un plazo, lo que centró los ataques desde la campaña por el rechazo, desde donde afirman que permitirá “el aborto libre hasta los 9 meses”.
“Esto no solamente atenta contra los derechos humanos del niño por nacer, porque aquí ya no solamente se permite el aborto en tres causales o el aborto en las primeras semanas de embarazo, como lo hacen todos los países del mundo. Seríamos el único país que promueve y que permite un aborto hasta los nueve meses de embarazo”, dijo el senador Felipe Kast de la conservadora Evolución Política (Evópoli).
Kast, sobrino del excandidato presidencia José Antonio Kast, es acusado de “difundir fake news” sobre el tema y realizar propaganda por la opción Rechazo en el plebiscito, expresada fuera del plazo establecido por la ley.
Los dichos de Kast gatillaron varias respuestas en redes, como la del excandidato presidencial y líder del Partido Progresista (PRO) Marco Enríquez-Ominami, quien le preguntó “¿hasta cuándo va a mentir?” y retrucó que “el aborto a los nueve meses se llama parto”.
Al terminar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) Chile era un país que arrastraba grandes retrasos en materia de derechos civiles: criminalizaba las relaciones homosexuales “entre varones” hasta 1999, no tuvo una ley de divorcio vincular hasta 2004, mientras grupos ultraconservadores como el Opus Dei ejercían una fuerte influencia sobre la población católica.
Recién en 2017, en medio del creciente descrédito en las instituciones y con la Iglesia debilitada por escándalos de pedofilia, el país aprobó la despenalización del aborto bajo tres causales: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.
Sin embargo, el estallido social que vivió el país a partir de octubre de 2019, con millones de personas buscando tumbar un modelo que pese a ser una referencia en América latina, tenía cifras de inseguridad alarmantes, trajo también aparejado reivindicaciones más profundas de los derechos sexuales y reproductivos.
En medio de la presión social, el expresidente Sebastián Piñera, aprobó el matrimonio homosexual en 2021 y los chilenos dieron una amplia mayoría a Boric, quien durante su campaña se mostró inequívocamente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
De aprobarse la nueva Carta Magna, Chile sería uno de los primeros países del mundo en incluir el aborto en este texto fundacional, a la par de Francia, donde el partido en el poder, apoyado por el Gobierno, busca presentar en breve un proyecto de ley en ese sentido.