Ecuador: El Congreso votó llevar al presidente Lasso a juicio político

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la moción con 88 votos a favor. Lo acusan de peculado. El pleno de la Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador aprobó con 88 votos a favor llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos), que podría derivar en la posible destitución […]

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la moción con 88 votos a favor. Lo acusan de peculado.

El pleno de la Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador aprobó con 88 votos a favor llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos), que podría derivar en la posible destitución de su cargo.

La decisión fue adoptada tras una prolongada sesión del pleno legislativo y un intenso debate en el que intervinieron una veintena de  asambleístas de diferentes partidos y movimiento políticos para dar a conocer su postura frente al juicio político. 

Los legisladores votaron por una moción presentada por la asambleísta Viviana Veloz, una de las interpelantes de Lasso, y perteneciente el Movimiento Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), duro crítico de Lasso.

La moción planteaba enjuiciar políticamente al presidente Lasso “por la infracción constitucional de peculado” en un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y la privada Amazonas Tanker, para la renta de buques destinados al transporte de  hidrocarburos.

El contrato se firmó en 2018 y se renovó en 2020, cuando Lasso aún no era presidente.

Lasso siempre negó las acusaciones de que hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo. 

En qué consiste el juicio político

   Según la resolución, que obtuvo la aprobación de 88 de los 116 legisladores presentes, Lasso y sus rivales de la oposición testificarán cada uno ante el pleno de la asamblea y luego se enfrentará a una votación final que podría resultar en su destitución.

   Los interpelantes alegaron que Lasso, quien asumió el poder en mayo de 2021, habría permitido que se mantenga dicho contrato que perjudicaba al Estado, por lo que piden su censura y destitución.

Ahora, el siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, continúe con el trámite del proceso de juicio político previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

   Además, se deberá notificar de manera inmediata al presidente Lasso, con la resolución tomada en el pleno y con el respectivo expediente completo del proceso.


Es la primera vez 

Esta será la primera vez en 44 años de vida democrática de Ecuador que un presidente enfrentará una posible censura y destitución ante el Poder Legislativo.

La solicitud de juicio político, que fue presentada el pasado 16 de marzo por 59 legisladores de varios partidos y movimientos de oposición al gobierno de Lasso, fue avalada por la Corte Constitucional.

Para la destitución del gobernante se requieren 92 votos, que equivalen a las dos terceras partes de los miembros del Congreso, integrado por 137 miembros.

Lasso y Hernán Luque, el prófugo expresidente del directorio de la organización paraguas de empresas estatales, permitieron “la continuación de los contratos de transporte de petróleo a favor de terceros, conscientes de que representaban una pérdida para el Estado. En consecuencia, el presidente de la república sabía de la estructura de corrupción en Flopec EP”, se lee en la resolución aprobada por la Asamblea. 

La votación se produce a pesar de un informe del comité de supervisión de la asamblea, que escuchó a los testigos el mes pasado y concluyó que no hay motivo para el juicio o la destitución de Lasso.

Según la constitución de Ecuador, Lasso podría convocar elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en lugar de enfrentar un voto de destitución.