La Organización de las Naciones Unidas expresó su alarma por las consecuencias de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y rechazó que las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño puedan ser utilizadas como justificación para una acción armada unilateral.

“La operación militar estadounidense en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional: los Estados no deben usar la fuerza para promover reivindicaciones territoriales o demandas políticas”, afirmó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En referencia al ataque ordenado por el presidente Donald Trump, que provocó decenas de muertes, Türk sostuvo que la sociedad venezolana “necesita sanar” y remarcó que “el futuro del país debe ser decidido por su propia gente”.

La portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, señaló que Washington justificó la intervención apelando al prolongado historial de violaciones a los derechos humanos del gobierno venezolano, pero aclaró que “la rendición de cuentas no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el Derecho Internacional”.

“El pueblo venezolano merece justicia a través de un proceso justo, centrado en las víctimas”, sostuvo Shamdasani, quien además advirtió que la militarización del país y la inestabilidad generada por la intervención podrían agravar aún más la situación social y humanitaria.

Desde la ONU reclamaron a Estados Unidos, a Venezuela y a la comunidad internacional el respeto irrestricto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos.

El secretario general António Guterres también manifestó su preocupación por la violación a los principios básicos de la Carta de la ONU y por el precedente que este tipo de acciones podría sentar. En un mensaje ante el Consejo de Seguridad, llamó a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados, y a evitar una escalada del conflicto.

Sesión de emergencia

El lunes se llevó a cabo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en Nueva York. La mayoría de los países condenaron la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Washington rechazó las críticas y sostuvo que no se trató de un acto de guerra, sino de una acción “necesaria y legítima”.

El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, calificó la irrupción estadounidense como una “operación criminal” con objetivos “ilegítimos”, entre ellos el control de los recursos naturales venezolanos y la reafirmación de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Denunció un nuevo ciclo de neocolonialismo e imperialismo y exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores.

China se expresó en términos similares. Su representante adjunto, Sun Lei, afirmó que Estados Unidos “pisoteó la soberanía venezolana” y violó los principios básicos de la Carta de la ONU. Advirtió además que el uso de la fuerza representa un riesgo para la paz y la estabilidad regional, y remarcó que ningún país puede erigirse en “policía del mundo”.

En el plano regional, México alertó que la agresión militar pone en grave riesgo la seguridad de América Latina y el Caribe y cuestionó la incapacidad del sistema internacional para frenar este tipo de acciones. Colombia comparó la operación con los peores episodios de injerencia en la historia regional y se ofreció como mediadora. Cuba calificó el ataque como “bárbaro” y acusó a Estados Unidos de intentar imponer un gobierno afín a sus intereses, mientras que Nicaragua reclamó la liberación inmediata del mandatario venezolano y ratificó el principio de la región como zona de paz. Brasil y Chile, entre otros países, también condenaron el uso de la fuerza.

Estados Unidos defendió la intervención como una “acción policial” contra un “narcoterrorista”. Su embajador ante la ONU, Michael Waltz, negó que se trate de una ocupación y afirmó que su país no permitirá que los recursos energéticos venezolanos queden bajo control de potencias rivales.

Argentina apoyó la captura

A contramano de la mayoría de los países, Argentina y Paraguay respaldaron la detención de Maduro. El embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, expresó el apoyo del gobierno de Javier Milei a la decisión de Washington y sostuvo que el mandatario venezolano representaba una amenaza para la región, al vincularlo con el narcotráfico y el crimen organizado.

“El Gobierno de la República Argentina valora la determinación demostrada por el presidente de los Estados Unidos y su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, afirmó Tropepi.

Además, solicitó que las autoridades encargadas de la transición en Venezuela faciliten la liberación inmediata del ciudadano argentino Nahuel Gallo y garanticen su pronto y seguro regreso al país.