Unos tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus fondos en Paraguay luego de que el Banco Central dispusiera la intervención y resolución de Ueno Bank, una de las entidades digitales de mayor crecimiento del país y vinculada al Grupo Vázquez, con el que el presidente Santiago Peña mantuvo relaciones comerciales. El caso genera un fuerte impacto político y financiero, especialmente porque Javier Milei había señalado en reiteradas oportunidades al mandatario paraguayo como un ejemplo de gestión económica para la región.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Directorio del Banco Central el 2 de noviembre, después de comprobar que el nivel de solvencia de la entidad había descendido por debajo de la mitad del mínimo exigido por la legislación. Según explicó el organismo, la situación se agravó a partir de modificaciones realizadas en los estados financieros durante un proceso de regularización.

Qué ocurrirá con los depósitos

La medida provocó preocupación entre los ahorristas, con largas filas frente a las sucursales y presencia policial. Las cuentas y tarjetas permanecen temporalmente inhabilitadas mientras se completa el balance de exclusión, una instancia que podría extenderse hasta 15 días. Una vez finalizado ese procedimiento, los activos y pasivos serán transferidos a otras entidades mediante un mecanismo de selección.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalente a unos 228,3 millones de guaraníes por persona y por entidad bancaria, independientemente de la cantidad de cuentas que tenga cada titular. Para quienes superen ese límite, las autoridades aseguraron que buscarán aplicar los mecanismos previstos en la legislación para resguardar la mayor cantidad posible de fondos.

Detrás del colapso aparecen operaciones crediticias bajo sospecha. La investigación comenzó en junio, cuando la Superintendencia de Bancos detectó préstamos otorgados a empresas relacionadas con el grupo controlador de Ueno, aunque la documentación presentada no permitía identificar claramente esos vínculos.

Los informes de supervisión señalaron particularmente a dos sociedades. Mowi SA fue transferida en septiembre de 2025 por el Grupo Vázquez a un exsubgerente de Ueno y, apenas una semana después, comenzó a recibir financiamiento por 42,5 millones de dólares. Esos recursos terminaron destinados a cubrir descubiertos de otras compañías del mismo conglomerado.

Una operatoria similar se habría registrado con Grupo Hendy SA, una firma que quedó formalmente en manos de dos empleados del grupo pese a presentar patrimonio negativo. Entre ambas sociedades, los créditos involucrados alcanzaron aproximadamente los 84,5 millones de dólares.

La investigación también puso bajo la lupa las relaciones entre el poder político y el sector financiero. Peña fue socio comercial del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo, actual titular del Banco Central y responsable de conducir el proceso, había presidido Ueno hasta agosto de 2023. El funcionario aseguró que continuará en su cargo durante la intervención, aunque reconoció que tiene preparada su renuncia.

Otro dato que incrementó la preocupación es la exposición de los recursos públicos. Desde que Peña asumió la presidencia en 2023, los depósitos estatales en Ueno crecieron hasta alcanzar unos 869 millones de dólares a fines de junio, equivalentes al 29% de los fondos captados por la entidad. Dentro de ese monto se encuentran aproximadamente 345 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social, vinculados al sistema jubilatorio de miles de trabajadores paraguayos.

Crecen los cuestionamientos políticos

La crisis financiera rápidamente se trasladó al escenario político. El senador opositor Rafael Filizzola anunció que trabaja en un borrador para impulsar un juicio político contra Peña y afirmó que existían advertencias previas sobre la delicada situación patrimonial del banco.

En la misma línea, el gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, reclamó la salida de Carvallo y de los integrantes del Directorio del Banco Central por la responsabilidad institucional en el manejo del caso.

Las críticas también surgieron dentro del propio Partido Colorado. El diputado Mauricio Espínola responsabilizó al mandatario por lo que calificó como una combinación de soberbia, petulancia y avaricia, mientras que Arnoldo Wiens, dirigente y aspirante presidencial, cuestionó al Gobierno por haber deteriorado estructuras que anteriormente funcionaban.

Desde Patria Querida, la diputada Rocío Vallejo sostuvo que Peña había provocado un daño profundo al sistema financiero paraguayo.

Las señales de alerta no aparecieron de un día para otro. En marzo, Ueno había emitido bonos por 350 millones de dólares que, tras conocerse la crisis, comenzaron a cotizar a unos 86 centavos por cada dólar. En octubre, la calificadora Fitch ya había asignado una perspectiva negativa a la entidad. También la Asociación de Bancos del Paraguay había manifestado reparos sobre las explicaciones brindadas por el Banco Central ante el Senado.

El 9 de octubre, cuando las advertencias sobre la situación de Ueno comenzaban a tomar mayor dimensión pública, Peña había intentado transmitir tranquilidad. Sostuvo entonces que la existencia de una investigación no implicaba necesariamente el cierre del banco y atribuyó la preocupación social a una comunicación deficiente sobre un asunto que definió como estrictamente técnico.

Sin embargo, el desenlace llegó pocas semanas después. Un plan de capitalización por 100 millones de dólares anunciado por la entidad la semana pasada tampoco logró concretarse.

El derrumbe de Ueno Bank abre ahora un interrogante mucho más amplio que el destino de los ahorros de millones de paraguayos: hasta dónde llegaron los vínculos entre el poder político, los recursos públicos y los intereses privados que rodearon el crecimiento de una entidad que había sido presentada como símbolo del modelo económico paraguayo.