Al ex presidente de la nación americana le corresponderán 18 meses de reclusión en una prisión. Las víctimas fatales ya son 15.
La Justicia de Perú dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, en el marco de la investigación que le sigue la Fiscalía por el presunto delito de rebelión tras haber intentado disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre.
Mientras tanto, al menos 15 personas murieron en las protestas, según declaraciones de las autoridades.
“El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resuelve declarar fundado, en parte, el requerimiento de prisión preventiva formulado (…) contra el imputado José Pedro Castillo Terrones”, anunció el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Según explicó el magistrado durante la audiencia, que se llevó a cabo de manera virtual, la medida de detención será computada hasta el 6 de junio del 2024, y la misma será notificada al Instituto Nacional Penitenciario para su “traslado e internamiento” en una prisión.
Se conoció que Castillo ni sus abogados participaron en la audiencia, por lo que su defensa fue asumida por el abogado de oficio Italo Díaz.
Para tomar su decisión, el juez supremo consideró la acusación fiscal contra el exjefe de Estado por los presuntos delitos de rebelión, alternativamente conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, en su condición de presidente de la República.
Asimismo, al dar lectura a su resolución avaló que “existe periodo procesal de fuga”, como lo advirtió el Ministerio Público tras considerar que Castillo pudo haberse dirigido a la Embajada de México en Lima inmediatamente tras su destitución para pedir asilo.
Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay explicó que después de haber dado su mensaje a la nación dictaminando el cierre del Parlamento y declarando un Estado de excepción, fue detenido en “flagrancia” junto a su familia cuando se dirigía a la mencionada embajada.
NA-Reuters/Sebastián Castañeda
Por otra parte, el juez Checkley negó el pedido de prisión preventiva para el expremier Aníbal Torres, pero en cambio le impuso una “medida de comparecencia con restricciones” mientras es investigado por la misma causa.
La Fiscalía sostiene que Torres acompañó a Castillo en su despacho presidencial cuando formuló el anuncio contra el órgano Legislativo.
Pese a los señalamientos fiscales, la defensa del expresidente negó que exista un peligro de fuga e insistió que éste no cometió delito de rebelión porque no se alzó en armas.
Tras conocer la decisión judicial, el ministro de Justicia, José Tello, declaró a un medio local que ahora se debe convocar a una junta autónoma para “determinar a qué centro de retención debe ir el expresidente, para cumplir esta prisión preventiva”.
“La detención preventiva de 18 meses va a tener que ejecutarse en un centro penitenciario, en el cual va a haber justamente una determinación para que cumpla con el mandato judicial”, señaló.
Pedro Castillo venía cumpliendo una detención preliminar de siete días en la cárcel de Barbadillo, en la ciudad de Lima, donde el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) purga una condena de 25 años.
Apoyo extranjero
Un bloque de países de izquierda reunidos en La Habana cerró filas en apoyo al derrocado expresidente de Perú, en medio de protestas y cortes de ruta en la nación sudamericana que han dejado al menos 15 muertos.
“Rechazamos el marco político creado por las fuerzas de derecha contra el presidente constitucional Pedro Castillo”, dijeron los 10 países miembros -incluidos Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y las naciones insulares más pequeñas del Caribe– en una declaración.
NA-Reuters/Sebastián Castañeda