Después de la sanción de la Ley de Amnistía, durante las últimas horas del viernes el gobierno de Venezuela confirmó que liberará a 379 presos políticos. Se espera que las primeras liberaciones sean este sábado y crece la expectativa por los detenidos argentinos, entre los que están Nahuel Gallo y Germán Giuliani.
Según explicó el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y monitorea de cerca su aplicación el Ministerio Público ya presentó ante los tribunales las solicitudes correspondientes y las excarcelaciones deberían concretarse este sábado. De ese total, 371 personas se encuentran detenidas en Caracas, mientras que el resto está distribuido en las provincias de Barinas, Portuguesa y Monagas.
En medio de este clima de expectativa, familiares de presos políticos permanecían concentrados frente a cárceles y centros de detención del país, a la espera de noticias sobre sus allegados.
En paralelo, la Asamblea Nacional formalizó la creación de una comisión especial encargada de supervisar la implementación de la ley. El cuerpo es presidido por Arreaza y tiene como vicepresidenta a la dirigente opositora Nora Bracho. Entre sus atribuciones se encuentra la revisión de situaciones que no hayan sido contempladas inicialmente en el texto legal.
En su primera jornada de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente y abrió canales de diálogo con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública, con el objetivo de acelerar los trámites. Rodríguez reclamó celeridad en el análisis de los casos excluidos y se estableció un plazo máximo de quince días para responder cada solicitud de amnistía.
La ONG Foro Penal anticipó que elevará al Parlamento un listado con 232 nuevos casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean evaluados bajo el nuevo marco legal. El objetivo, explicaron desde la organización, es evitar que víctimas de violaciones a los derechos humanos queden excluidas de los beneficios de la amnistía tras el cambio de gobierno.
La ley establece que el período alcanzado por la medida comprende los años 1999 hasta 2026, aunque delimita una serie de coyunturas políticas específicas, lo que deja fuera determinadas detenciones y todos los casos vinculados a operaciones militares. No obstante, la propia normativa habilita a la comisión a recomendar medidas alternativas para los casos que analice.