El Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa se sumó a una presentación judicial impulsada por 29 entidades de todo el país para suspender parcialmente la aplicación de la denominada Ley de Modernización Laboral Nº 27.802.

La acción fue presentada ante el fuero contencioso administrativo federal y solicita una medida cautelar para frenar artículos específicos de la reforma aprobada por el Congreso. Según indicaron, los cambios podrían vulnerar garantías constitucionales y afectar el ejercicio profesional de la abogacía.

En particular, la demanda —patrocinada por el abogado Alberto Spota— apunta contra los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo reformada. Los colegios sostienen que estas disposiciones podrían habilitar pagos en cuotas o reducciones en créditos laborales, lo que impactaría en su carácter alimentario.

Además, advierten que las modificaciones afectarían derechos fundamentales como la defensa en juicio y el derecho de propiedad, establecidos en la Constitución Nacional.

Otro de los cuestionamientos se centra en una presunta invasión de competencias provinciales, especialmente en lo referido a la regulación de costas judiciales. En ese sentido, señalaron que las nuevas disposiciones podrían generar un efecto disuasivo en el ejercicio de la profesión y limitar el acceso a la Justicia en el ámbito laboral.

La presentación busca que la Justicia evalúe la constitucionalidad de estos puntos y suspenda su aplicación hasta que haya un pronunciamiento definitivo.