Un hombre de 30 años fue condenado este lunes a siete años y seis meses de prisión por ser autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal –mediando violencia-, lesiones leves calificadas por haber mediado un contexto de violencia de género y tenencia de arma de fuego de uso civil; todos hechos ocurridos en el marco de las leyes 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres y 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La víctima fue una adolescente de 16 años. El imputado permanece detenido en la ciudad neuquina de Senillosa.
Con las pruebas aportadas durante el juicio oral, el juez de audiencia santarroseño, Gastón Boulenaz, dio por probado que Jonathan Javier Luna Bustos –quien estuvo prófugo y tiene antecedentes registrables– atacó sexualmente a la víctima, “valiéndose de fuerza para cometer la agresión, aun cuando aquella se negaba en razón de sentirse descompuesta”.
Además, la adolescente intentó levantarse para retirarse del lugar, Luna Bustos “comenzó a exigirle que se metiera a bañar” y luego empujarla, hasta que “la llevó a una habitación donde tomó un arma de fuego, tipo pistola y se la mostró en forma intimidatoria”. Posteriormente Luna Bustos la golpeó con la culata en la cabeza y la joven se defendió apuñalándolo con un cuchillo. Ella, finalmente, permaneció en el baño hasta que llegó la policía.
Durante los alegatos de cierre, el fiscal Andrés Torino y la fiscala Cecilia Martiní habían pedido una condena a 15 años de prisión por el abuso, las lesiones y el delito de portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal.
También pidieron que los hechos sean valorados con perspectiva de género y de niñez, teniendo en cuenta que la víctima era una persona adolescente, vulnerable y mujer y que existió una asimetría de poder, “situación de la que se valió Luna Bustos” para cometer los ilícitos. Además solicitaron que se le mantenga la prisión preventiva porque podría fugarse.
Boulenaz aceptó todos esos planteos –de hecho dispuso la prisión preventiva hasta el final del proceso–, pero desechó el pedido de esa pena por considerar que no pudo acreditarse el delito de portación de arma, ya que en el debate no surgió ninguna prueba para confirmar que el arma había sido traslada por el acusado ni tampoco que estuviese cargada. Por eso solo habló de tenencia. Lo que sí dispuso fue que una vez que el fallo quede firme, el acusado sea inscripto en el Registro de procedimiento y notificación de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual.
Para fijar la sanción de siete años y seis meses, el magistrado valoró a favor del imputado que está cursando el último año del secundario; pero en cambió consideró como agravantes sus condenas anteriores, la afectación de la integridad sexual y física de la víctima, los efectos psíquicos que los hechos produjeron en la adolescente y la multiplicidad de lesiones físicas infringidas y la modalidad de ejecución; ya que “no se trató de un acometimiento instantáneo, si no que las agresiones se desplegaron por un período relevante de tiempo”.
El defensor oficial, Juan José Hermúa, había solicitado que eventualmente sea condenado solo por las lesiones leves calificadas y no por el resto de los delitos. El propio acusado aceptó durante el juicio haber golpeada a la adolescente, aunque negó el abuso sexual.