El subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Malgá, afirmó que la provincia atraviesa una situación crítica en materia de salud mental, en un contexto donde la crisis económica y social profundiza los problemas existentes.
Durante su exposición en la Legislatura provincial, el funcionario sostuvo que “la violencia emana de la crisis nacional” y remarcó la necesidad de implementar medidas urgentes y sostenidas en el tiempo. El planteo se dio en el marco del debate por un proyecto que propone declarar la emergencia en salud mental y consumos problemáticos en La Pampa.
Malgá explicó que el problema no es aislado, sino que responde a una tendencia global, con un aumento de diagnósticos como ansiedad, depresión y crisis vitales, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, también advirtió sobre el crecimiento de los suicidios en América Latina y el impacto de fenómenos como las apuestas online.
En cuanto a los datos locales, detalló que la demanda en el sistema sanitario se incrementó de manera significativa desde la pandemia: las atenciones en guardias crecieron un 80% respecto a 2019, las internaciones un 30% y las consultas ambulatorias un 60%.
El funcionario vinculó este escenario con el contexto económico actual, marcado por el aumento del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y el recorte de programas nacionales. “Hay dificultades en el sostenimiento de prestaciones y menos herramientas disponibles”, señaló.
Entre las medidas propuestas para enfrentar la situación, destacó el refuerzo de las guardias, la creación de nuevos dispositivos de atención y la ampliación de la infraestructura. También se prevé incorporar 30 profesionales al sistema y avanzar en modelos integrales de abordaje, con espacios que incluyan contención, talleres e inserción sociolaboral.
Además, el proyecto contempla el desarrollo de soluciones habitacionales para personas que no pueden sostener su vida en su entorno familiar, así como la promoción de campañas de prevención y concientización con participación de organismos públicos, instituciones y la comunidad.
Finalmente, Malgá subrayó la importancia de una respuesta articulada entre los distintos niveles del Estado y la sociedad: “El objetivo es contar con herramientas concretas para abordar una problemática compleja que requiere un enfoque integral y sostenido”.

