El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, Diego Alvarez, advirtió sobre un deterioro sostenido en los ingresos y la calidad de vida de los sectores populares, y reveló que los núcleos familiares asistidos por programas sociales provinciales sufrieron una caída cercana al 20 % en sus ingresos totales en los últimos meses.
“El aumento de la demanda social es paulatino pero constante, tanto en cantidad de personas como en los montos que necesitan para poder cubrir necesidades básicas”, sostuvo el funcionario durante una entrevista en la Televisión Pública Pampeana.
Según explicó, la última medición del Índice de Vulnerabilidad Social provincial, correspondiente a febrero de 2026, arrojó un 5,3 %, por encima del 3,5 % registrado en agosto de 2025.
Alvarez indicó que en la medición anterior los beneficiarios de programas sociales declaraban ingresos cercanos a los 500 mil pesos mensuales y, sumando las asistencias estatales, superaban el millón de pesos por grupo familiar. Actualmente, esos hogares perciben ingresos cercanos a los 400 mil pesos y no alcanzan los 800 mil pesos totales, incluyendo ayudas provinciales.
El ministro atribuyó esta caída a la disminución de changas, pérdida de ingresos laborales y dificultades económicas crecientes para afrontar gastos esenciales.
“Hoy una deuda por corte de energía ronda los 250 mil pesos y un alquiler básico en sectores periféricos cuesta entre 300 y 350 mil pesos”, señaló.
Además, remarcó que el deterioro económico alcanza a distintos sectores sociales. “Hay una degradación generalizada del nivel de vida. La clase media alta pasó a ser clase media, la media cayó a media baja y muchos sectores populares directamente quedaron en una situación crítica”, afirmó.
En ese contexto, alertó también sobre el incremento del endeudamiento para la compra de alimentos en sectores medios y medios bajos.
Alvarez cuestionó además las políticas del Gobierno nacional y sostuvo que la falta de obra pública y programas de asistencia profundiza el deterioro social.
“Desde lo social, la vivienda y el trabajo son ordenadores fundamentales para cualquier familia, pero hoy vemos un gobierno nacional que destruye cualquier expectativa de estabilidad para trabajadores y asalariados”, expresó.
El funcionario aseguró que desde Nación no existe diálogo con las provincias y denunció que los reclamos vinculados a discapacidad y programas sociales no son escuchados.
“Nunca nos atendieron ni nos permitieron discutir temas fuera del temario impuesto”, afirmó al referirse a reuniones del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.
También reclamó por las deudas nacionales con prestadores privados vinculados a discapacidad y salud, y sostuvo que otras provincias atraviesan situaciones aún más complejas debido a su dependencia financiera del Estado nacional.
“Las discusiones hay que darlas. Si las políticas nacionales implican abandonar a nuestro pueblo, tenemos que pensar seriamente hasta dónde podemos seguir acompañando este rumbo”, concluyó.

