Más de 70 organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos expresaron un enérgico respaldo a la docente piquense Ana Contreras y cuestionaron la intervención judicial sobre contenidos pedagógicos, luego de que fuera condenada por abordar en clase el conflicto en Gaza. Mediante una solicitada, exigieron su absolución y el respeto a la libertad de cátedra.
Entre los firmantes figuran Utelpa, CTERA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el CELS, junto a otras 70 entidades. En el documento, se repudia lo que consideran una “persecución injusta” hacia Contreras por su abordaje del conflicto entre Israel y Palestina, en el marco de una actividad escolar. Las entidades advirtieron que esta situación vulnera los marcos legales que regulan la actividad docente en la provincia.
Rechazo a la injerencia judicial
El pronunciamiento remarca que el juzgamiento de los actos docentes debe realizarse exclusivamente en el ámbito administrativo y pedagógico establecido por la Ley 1124 (Estatuto del Trabajador de la Educación), la Ley Provincial de Educación 2511, y otros marcos como el Tribunal de Disciplina y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (Ley 1830).
Además, ratificaron la vigencia de instrumentos como la Guía Provincial de Orientación para la Intervención en Escuelas y el Área de Mediación Escolar, herramientas claves -según indican- para abordar los conflictos en el ámbito educativo.
Libertad de cátedra y derechos constitucionales
Las organizaciones alertaron sobre el precedente que puede sentar este fallo judicial. “La Justicia Contravencional carece de competencia para intervenir en asuntos educativos”, indicaron, y sostuvieron que el proceso ignoró las normativas específicas del sistema educativo pampeano.
“Exigimos el respeto a la libertad de cátedra, el derecho a enseñar y aprender con verdad, y la no discriminación, tal como lo garantizan los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Nacional”, remarcaron.
Asimismo, denunciaron que la sentencia fue influenciada por una lectura parcial del conflicto geopolítico, sin tener en cuenta el contexto pedagógico y educativo de la actividad.
“Justicia para Ana Contreras”
Al finalizar, reafirmaron su defensa de la escuela pública, democrática e inclusiva, y exigieron la absolución de la docente. “La educación no se resuelve en tribunales, sino con diálogo, respeto por las normas del sector y garantías para quienes enseñan y aprenden. Basta de criminalizar la enseñanza. Justicia para Ana Contreras”, concluye el documento.