La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP) y otras entidades empresariales patagónicas manifestaron su rechazo a la reforma del Régimen de Zona Fría aprobada en la Cámara de Diputados y advirtieron sobre las consecuencias económicas y sociales que podría generar en la región.

A través de un comunicado conjunto, el bloque patagónico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación por los cambios impulsados por el gobierno nacional y reclamó la apertura de una instancia de diálogo antes de la implementación definitiva de la norma.

Las entidades señalaron que la modificación del esquema de subsidios al gas afectará tanto a las familias como al sector productivo de la Patagonia. “La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año”, remarcaron.

Además, sostuvieron que en amplias zonas del sur argentino las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses al año, lo que vuelve imposible reducir de manera significativa el consumo energético en hogares, comercios e industrias.

Costos y tarifas.

Las cámaras empresariales cuestionaron especialmente el cambio en la metodología del subsidio. Según explicaron, el nuevo esquema limitaría el beneficio únicamente al valor del gas en boca de pozo, dejando afuera componentes clave de la factura como transporte, distribución e impuestos.

“Esto implica trasladar a los usuarios costos crecientes que podrían generar aumentos tarifarios superiores a la capacidad de pago de miles de familias patagónicas”, advirtieron.

En el documento también alertaron sobre el impacto que la suba de tarifas tendría sobre las pequeñas y medianas empresas de la región, en un contexto ya marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras.

“Las pymes patagónicas ya atraviesan una situación compleja. Incorporar una nueva presión tarifaria profundizará la desaceleración económica y afectará directamente el sostenimiento del empleo”, señalaron.

Pedido de diálogo.

Las entidades remarcaron que la región “no reclama privilegios”, sino el reconocimiento de condiciones climáticas y estructurales históricas que justifican políticas diferenciales.

“El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país”, indicaron.

Finalmente, solicitaron que se abra una instancia de diálogo institucional y federal para analizar las consecuencias económicas y sociales de la reforma antes de que entre plenamente en vigencia.

El comunicado fue firmado por la CACIP de La Pampa; la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN); la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN); la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA); la Federación Empresaria del Chubut (FECh); la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia.